En la antesala de la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación en el pleno del Senado de la República, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, presentó una contrapropuesta a la iniciativa impulsada por el aún presidente Andrés Manuel López Obrador, y el partido que fundó, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La propuesta, de acuerdo con la ministra presidenta, incluye los puntos de vista del Consejo de la Judicatura Federal, de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, académicos, estudiantes y víctimas de violencia.
“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia”, dijo el domingo Piña en un video grabado donde estuvo acompañado de otros ministros de la Suprema Corte y funcionarios del poder judicial.
La iniciativa, a grandes rasgos, contempla la desmilitarización de la seguridad pública y la creación de una instancia de política criminal que coordine y articule a las instituciones relacionadas con los ámbitos federal, estatal y municipal; así como fortalecer el acceso de las autoridades en labores de seguridad, promover la justicia penal, el acceso a la justicia y derechos humanos, acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad, procesos y recursos judiciales efectivos, la creación de la Ley General de Defensorías Públicas, entre otros puntos.
La iniciativa fue acompañada de un análisis de las consultas para recoger los puntos de vista de funcionarios del poder judicial que se realizaron en torno a la iniciativa en meses pasados en varios puntos del país. Además, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia dijo que la demolición del Poder Judicial no es la vía para reformar dicho poder.
“La demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos para hacer los cambios profundos para construir paz, justicia y reparación que México tanto necesita”, agregó.
Como era de esperarse, la propuesta de la presidenta de la Suprema Corte fue criticada por senadores de Morena, incluso en medio de la discusión en comisiones del dictamen enviado por la Cámara de Diputados la semana pasada.
Una de las voces en contra fue la de senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena, quien cuestionó que la presentación del documento por parte del Poder Judicial ocurriera después de que su partido y sus aliados políticos --los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)-- obtuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estuviera cerca de lograrlo en la Cámara Alta.
Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, senador del Partido del Trabajo y presidente de la Mesa Directiva, calificó de arrogancia la presentación de la propuesta, debido a que la iniciativa del Ejecutivo es conocida desde principios de año y la respuesta del Poder Judicial llegó siete meses después.
“La discusión ha terminado, es el tiempo del Poder Legislativo”, dijo el senador en un video difundido por los canales institucionales del Senado. “El Poder Judicial. . . ha emitido cuatro resoluciones que son una vergüenza al poder judicial, con lo que pretenden detener el procedimiento y asumen que Poder Judicial está por encima del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo e inclusive por encima del Soberano, que es el pueblo”.
Fernández Noroña reiteró que la discusión en el pleno del Senado iniciará el 10 de septiembre con la lectura de la minuta aprobada el domingo por la Comisión de Puntos Constitucionales, y sostuvo que Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para aprobarla, que a decir del legislador son 85, y no 86 como establece el Sistema de Información Legislativa