Tito Mariano Méndez y su esposa Abigail están encarcelados por el delito de no profesar la mayoría religiosa en el poblado de Montenegro, Municipio de Valle Nacional, Oaxaca. Son indígenas chinantecos evangélicos que desde años sufren el hostigamiento de las autoridades locales elegidas por usos y costumbres que se niegan a reconocer el derecho universal a la libertad de culto.
En un caso más de intolerancia religiosa oaxaqueña en lo que va del sexenio, una familia indígena sufre la privación ilegal de su libretead por ser cristianos, sin que hasta el momento las autoridades municipales, estatales y federales cumplan con su obligación de garantizar la libertad profesar cualquier religión, como lo manda la Carta Magna.
En el 2020 la casa de Tito fue quemada, estando presentes sus dos hijos menores de edad al interior de la vivienda hecha de troncos y palmas. Por cierto, ellos no pueden ir a la escuela federal debido a que la autoridad les prohibió también el derecho a la educación por ser de padres evangélicos. Tuvo que ser un profesor indígena de otra comunidad quien les diera clases particulares para que ambos, de 10 y 12 años, no perdieran el ciclo escolar.
Silvino Miguel Monterrey, máxima autoridad en el poblado de Montenegro, convocó a una asamblea el pasado jueves, luego de enterarse que Tito presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Oaxaca y en la Fiscalía de Tuxtepec, desde hace más de 4 meses, por la violación a sus derechos y el hostigamiento que él y su familia sufren en la comunidad de mayoría católica.
En la asamblea se determinó además cobrar una multa de 10 mil pesos a la familia por el delito de no cooperar para las fiestas patronales y el encarcelamiento de Tito, quien es miembro a la Agencia Misionera Sin Fronteras, que dirige el pastor Alejandro Rodríguez.
No conformes con privar de su libertad a Tito, también se ordenó el encarcelamiento de su esposa Abigail, quien presenta moretones y huellas de violencia hasta este momento.
La Fiscalía de Justicia en Tuxtepec se ha limitado a decir que mientras no haya delitos no procederá, en tanto que sus hijos y otros familiares cercanos temen por su seguridad ante los actos de abuso de autoridad que hay en esa y otras poblaciones indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Michoacán, donde cristianos son obligados por las autoridades a participar -en contra de su voluntad- a llevar a cabo tareas comunales que van en contra de su fe.
Líderes evangélicos nacionales tienen pendiente una reunión con el equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Pardo, para tratar este y otros temas que aquejan a las asociaciones religiosas, y presentarán la propuesta de crear una fiscalía especial que atienda los casos de intolerancia religiosa en el país.
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