Los grupos fundamentalistas vuelven a perder un round en la Cámara de Diputados: el pasado viernes los legisladores decidieron modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para que sean sancionadas aquellas personas que realicen, financien, obliguen o propicien “terapias de conversión”, principalmente en contra de menores de edad.
Y es que se han documentado casos en donde padres de familia, tutores, maestros, terapeutas, médicos, familiares y hasta líderes religiosos, obligan a personas -en ocasiones niños o niñas- a cambiar de orientación sexual. Es decir, los coaccionan para dejar de ser homosexuales.
Varias legisladoras impulsaron la iniciativa de prohibir lo que se conoce también como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG): las diputadas Salma Luévano Luna, María Clemente García y las senadoras Patricia Mercado Castro y Citlalli Hernández Mora. El apoyo para eliminar las terapias correctivas vino principalmente del partido Morena, por lo que los moralistas no votarán por sus candidatos y candidatas.
Y es que ven en estas sanciones la decisión de coartar la libertad de culto, de expresión y están ciertos de que con ello se llevará a la cárcel a varios profesionales de la salud mental, a pastores y sacerdotes. Creen que, de seguir en el poder, Morena llevará a la sociedad a una hipersexualización infantil y que la homosexualidad será fomentada en todas las escuelas federales.
Existen muy pocos pastores evangélicos (hay más de 72 mil registrados ante Gobernación, de distintas denominaciones) que tienen claro lo que es ser homosexual. La mayoría aún no se pone de acuerdo en si es una enfermedad, preferencia, pecado mortal, derecho humano, desviación sexual… pero el día en que lleguen a un consenso se darán cuenta de que en su gremio y feligresía también militan personas de la comunidad LGBTQ, quienes por temor a la condena socio religiosa no salen del closet.
Por su parte, quienes se dicen sobrevivientes a estas terapias se quejan de haber sufrido violaciones y abusos sexuales como remedio a su homosexualidad, además de medicaciones forzadas, electroshoks, encierros y asistencia a cultos y sesiones de sanidad religiosa que incluían exorcismos y liberaciones del alma.
Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, casi un 5% de la población en México se declara como parte de la comunidad LGBTQ y al menos un 10% de ese grupo fue obligado a asistir con un ministro de culto, médico o terapeuta, para corregir su orientación sexual.
No existen datos que indiquen con certeza cuántas personas se declaran homosexuales en las comunidades de fe en México, pero hay, operados por líderes religiosos, ministerios y oficinas que se encargan de reorientar a quienes llegan por voluntad propia u obligadas, e incluso cobran las sesiones para su liberación.
PALABRA DE HONOR: La doctora Tere Alducín de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo, cobraba 3 mil pesos por liberar a chicos y chicas de la homosexualidad, hace 4 años. Hoy se cotiza en dólares.
