Dos diputadas locales de Morena en Oaxaca podrían sentar un precedente a nivel nacional: ambas propusieron el pasado 14 de agosto un punto de acuerdo para que la Defensoría de Derechos Humanos de ese estado -y los 570 presidentes municipales- promuevan, capaciten y difundan el respeto a las creencias religiosas para evitar actos de discriminación, desplazamiento forzado e incluso la pérdida de vidas, como actualmente se registra en algunas zonas de esa entidad.
Las legisladoras Haydeé Irma Reyes Soto y Juana Aguilar Espinoza, del partido al que pertenecen el presidente de la República y la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, están al tanto de los múltiples casos de intolerancia religiosa que se han registrado a lo largo del sexenio y de la impasividad del gobierno estatal y federal para resolver y sancionar a los responsables de las arbitrariedades que se cometen en contra de minorías religiosas, sobre todo en zonas indígenas.
Esta iniciativa, que surge por primera vez de morenistas, se puede hacer extensiva a otros estados como Michoacán, Chiapas, Estado de México, Guerrero e Hidalgo, donde se tienen registrados casos de violación de derechos humanos por motivos religiosos y sentar un precedente legislativo, incluso llegando al ámbito federal, para que la nueva conformación en San Lázaro adopte este modelo para implementarlo en el país.
La propuesta concreta es que las distintas comisiones de derechos humanos –y en su caso la nacional- así como los gobernadores y munícipes en todo el país capaciten en materia de libertad de culto a los servidores públicos, explicando los derechos y obligaciones que tenemos los mexicanos a profesar (o no) cualquier religión, cambiar, y no imponer credo alguno, como en ocasiones sucede cuando las mismas autoridades obligan a los no católicos a participar activa, o pasivamente, en festejos religiosos.
Reyes Soto y Aguilar Espinoza saben que esta propuesta puede llegar tan lejos como el partido Morena quiera y trascender al ámbito nacional, lo que sentaría un precedente histórico, pues los ex presidentes, desde José López Portillo hasta Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que conocieron de cerca la problemática, minimizaron los casos documentados y denunciados ante distintas instancias, incluso internacionales.
Las diputadas decidieron actuar desde su ámbito de competencia por el incremento de violaciones a las garantías de grupos minoritarios no católicos que existen en la entidad. El espíritu juarista de ambas puede contagiar a los morenistas que integrarán las Cámaras de Diputados y Senadores en las próximas legislaturas, a pesar de que el tema de la libertad de culto todavía está considerado como “asunto de Estado” para muchos de los que llegan al poder el próximo sexenio.
PALABRA DE HONOR: Según el Instituto de Investigación de Religión Pública (PRRI, por sus siglas en inglés, los miembros del Partido Republicano estadunidense tienen en sus filas a un 80% de simpatizantes que dicen ser cristianos (en todas sus manifestaciones), mientras que el 31% de los demócratas aseguró no tener una filiación religiosa.
