La noche del 15 de septiembre, en la celebración del Grito de la Independencia en Chiapas fue de ida y vuelta porque los asistentes a la ceremonia, le pidieron a gritos al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas que regrese la paz a ese estado que vive una ola desplazamientos y violencia provocada por grupos criminales que se disputan el territorio. “¡Queremos paz!”. Se escuchó después de que el mandatario chiapaneco de Morena lanzara arengas a los héroes de La Independencia y a figuras nacidas en la entidad como Belisario Domínguez y Fray Matías de Córdova.
Mientras el país estuvo enfocado en la discusión sobre la reforma judicial, en el otro México, lejos de los lujos y privilegios de la clase política, muchas personas enfrentan una realidad alarmante en el sureste. En Chiapas, una región abandonada a su suerte desde hace décadas cuando debería ser sinónimo de oportunidades y bienestar, las comunidades sufren una crisis humanitaria que pone en riesgo su seguridad y estabilidad.
Apenas hace unos días grupos criminales derribaron el puente que cruza el río Grijalva en Amatenango, Chiapas, dejando cinco localidades incomunicadas, Son alrededor de mil 300 habitantes afectados en las localidades de Río Guerrero, La Pureza, La Playa, Zacatonal y Zacualtipán. No es la primera vez que ocurre, el 23 de agosto destruyeron el puente colgante en la comunidad de Josefa Ortiz de Domínguez, en Chicomuselo, que comunica a los barrios de Potrerillo y Buenavista Tujú.
Informes recientes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos destacan un problema muy grave: el reclutamiento forzado por parte de grupos armados en varias localidades chiapanecas. Municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec son escenario de una violencia creciente. En particular, en los ejidos Paso Hondo y Bella Vista del Norte, donde grupos armados han secuestrado a 70 hombres bajo amenazas de violencia contra sus familiares, lo que ha llevado a muchas familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en áreas más seguras.
El fenómeno de la migración forzada está afectando gravemente la economía y seguridad de comunidades que antes estaban llenas de vida como Paso Hondo, Santa Rita y Verapaz, que están a punto de convertirse en pueblos fantasma porque sus residentes temen nuevas amenazas y agresiones, por lo que han optado por dejar todo a cambio de seguridad. Esta situación, además de reflejar desesperación, desnuda la falta de protección que enfrentan sus habitantes.
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Internacional (IDMC, por sus siglas en inglés) señala ya a Chiapas como la entidad más afectada en México por desplazamiento interno a causa de la violencia originada por la disputa territorial entre grupos armados.
Por si esto no fuera suficiente, en un panorama más aterrador se ha descubierto que los narcotraficantes han adaptado cárceles clandestinas para migrantes, una nueva muestra de cómo el crimen organizado es cada vez más violento y afecta a aquellos en una situación de vulnerabilidad extrema.
Estos centros ilegales de detención se han convertido en un medio para que los grupos criminales extorsionen y controlen a los migrantes que buscan cruzar el país. Las víctimas de estas cárceles no solo enfrentan condiciones inhumanas, también son sometidas a chantajes y amenazas para asegurar su cooperación o el pago de rescates.
La situación en Chiapas no es nueva, desde 2021 se ha registrado un desplazamiento de chiapanecos hacia la frontera norte, según el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), datos que como otros, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado. A mediados de agosto declaro: “Tengo una visión distinta y también tengo otra información. O para decirlo coloquialmente, tengo otros datos. Nosotros estamos atendiendo el problema en Chiapas como en todo el país”.
Actualmente la problemática ha obligado los chiapanecos a emigrar también al sur durante las últimas semanas decenas de familias se refugiaron en Guatemala.
Es urgente que el Gobierno federal y estatal atiendan esta situación mediante una estrategia para contrarrestar la violencia de los grupos armados y la existencia de cárceles clandestinas, y garantizar así seguridad y paz a los chiapanecos. ¿Cuándo dejaremos de mirar sólo al centro del país? ¿Cuándo entenderemos que no todo lo importante pasa en la Ciudad de México, en las cámaras de senadores y diputados? Es urgente que volteemos ver al sur.
