El mes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el documento denominado Renuncias Recaudatorias abarcando 2023-2024 que, por lo visto, ahora es pauta hacerlo bianual, tomando en cuenta que en 2023 no se publicó, bajo el argumento de que en el informe de 2022 está incluido 2023.
Quizás hoy es uno de los principales documentos que refleja la situación económica del gobierno, y lo digo considerando que varios de los servidores públicos actuales le han comentado a la presidenta electa que antes de una reforma fiscal hay todavía margen en la eliminación de algunas de las renuncias recaudatorias.
El informe dice que para el bienio serán casi tres billones de pesos los que se dejarán de obtener; al analizar el informe se ve que para este año las renuncias equivaldrán a 4.18% del Producto Interno Bruto (PIB) y aclara que no es automático que la eliminación de algunas se traduzca en recaudación extra, lo cual es importante considerar.
La mayor renuncia se encuentra en las exenciones y tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que para este año suma la cantidad de casi 620 mil millones de pesos.
Tan sólo la tasa cero del IVA en el rubro de alimentos es de 451 mil millones de pesos, seguido de medicinas por 39 mil millones y el suministro de agua potable para uso doméstico por 24 mil millones de pesos.
En el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR) a las empresas, es de 135 mil millones de pesos y el resto de renuncias representan muy poco ahorro para el gobierno.
Lo primero a considerar es si el gobierno estaría dispuesto a eliminar la tasa cero a los tres rubros principales que, sin duda, afectarían a los que menos tienen, lo cual va en contra del lema “primero los pobres”.
Cierto, es necesario revisar las renuncias y elegir algunas que sólo benefician a los que más tienen, como es el caso de las exenciones y deducciones del ISR a personas físicas, así como la exención a las grandes herencias, que perpetúan la desigualdad social que vivimos.
Varias organizaciones no gubernamentales, como la Alianza por la Justicia Social y la recién creada Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Social, integrada por servidores públicos y algunos otros que lo han sido, también han manifestado la necesidad de revisar todo el aparato fiscal.
En el caso de la Comisión Independiente, Gerardo Esquivel, uno de sus miembros, escribió un artículo en el periódico Milenio, en el que indicó que se trata de “promover las reformas necesarias para que el Estado mexicano tenga un sistema fiscal justo, equitativo y eficiente, que sea un motor para la prosperidad compartida y el desarrollo sostenible”.
Argumenta que de inicio no se trata de proponer aumentos en los impuestos ni crear nuevos gravámenes, aunque también menciona que se plantea mejorar la eficiencia y progresividad del sistema tributario, lo cual parece algo contradictorio, y para que no se entienda que están en contra de las declaraciones de la presidenta electa, quien ha manifestado que por el momento no se hará una reforma fiscal o, en su caso, se hará por consenso, lo cual nos llevaría, por ejemplo, a hacer una encuesta para que los ciudadanos digan si creen conveniente hacerla.
La realidad es que, ante la situación económica del país, donde se han acabado los fondos que existían y la política de austeridad seguida durante la presente administración, ya no hay de dónde sacar recursos, no sólo para las necesidades actuales, sino para los compromisos que la candidata electa ha manifestado que llevará a cabo y que representan gran cantidad de recursos adicionales.
Por muchas vueltas que se le dé, la única manera de poder satisfacer las necesidades que se tienen, por ejemplo, en salud y educación, es una reforma fiscal que le proporcione progresividad al ISR, más allá de eliminar algunas renuncias recaudatorias.
