Me quiero referir de nuevo a dos de las 20 iniciativas del gobierno actual que se están discutiendo en Cámara de Diputados: la número 19, denominada Reforma Constitucional en Materia de Simplificación Orgánica, y la número 20, titulada Reforma a Ordenamientos para la Simplificación Orgánica.
Empezaré por la última, la cual ha recibido poca atención e incluye 17 modificaciones a organismos descentralizados de todo tipo que, en la mayoría de los casos, lo único que plantea es pasar de ser organismos públicos a unidades administrativas de la propia secretaría a la que estaban asignados.
En esta iniciativa no se ve ahorro alguno para el erario, ya que pasan con todo y su personal. Por el contrario, en algunos casos complicará el desarrollo de los temas a los cuales se dedicaban, pues al ser descentralizados tenían más libertad para moverse.
Entre estos 17 organismos, uno desaparece: la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual creo que nunca llegó a funcionar debido a la oposición del actual gobierno. ¿Por qué no operó o, mejor dicho, por qué tardaron casi seis años en desaparecerla?
Ahora, pasando a la iniciativa número 19, que propone transferir a varias Secretarías de Estado las funciones que realizan siete Órganos Constitucionales Autónomos y otros, quiero referirme a uno que creo es un error llevar a cabo: la transferencia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dentro de la exposición de motivos, que seguramente hizo alguien que no tiene idea, se afirma que hay duplicidad de funciones con el Inegi, “por lo que su coexistencia y desvinculación funcional no se justifica”.
En mi opinión, el Inegi y el Coneval son dos de las instituciones públicas que mejor han desarrollado su labor a lo largo de muchos años. El Inegi, tal como indica su página web, tiene la tarea de “captar y difundir información de México en cuanto a territorio, recursos, población y economía”, y muchos nos beneficiamos con la información que da a conocer.
Por otro lado, el Coneval tiene la misión de promover la garantía de los derechos sociales y el combate a la pobreza mediante funciones de evaluación especializadas. Claramente se ve que el Inegi no tiene la función de evaluar la política de desarrollo social ni la de medición de la pobreza.
Como vemos, estamos hablando de dos acciones diferentes que desarrollan cientos de especialistas en ambas instituciones, y pretender agregar las funciones del Coneval al Inegi no resultará beneficioso para lo que el país requiere.
Es muy preocupante que, sin la menor consulta, se haya decidido hacer esta propuesta, que más que un ahorro —que no lo es, ya que al final no desaparece, sino que se transfiere con todo y su personal—, puede provocar la pérdida de valiosa información que genera periódicamente. En un país con la mitad de la población en pobreza, el gobierno necesita de las evaluaciones independientes que realiza el Coneval.
Por otro lado, en su posicionamiento público, los directivos del Coneval solicitan a los legisladores que se abra un espacio para poder plantear lo que opinan sobre el tema y contribuir a la discusión sobre esta reforma legislativa.
Para finalizar, nos preguntamos por qué en los últimos meses de la presente administración se pretende cambiar o eliminar la adscripción de 25 organismos constitucionalmente autónomos y otros órganos administrativos desconcentrados. Generalmente, la reforma de la administración pública se realiza al inicio de un gobierno y no al final del mismo.
Parece, incluso, una descortesía y una complicación para el nuevo gobierno ya que, en caso de aprobarse, sería el responsable de llevarla a cabo, lo cual implica recursos, negociaciones y justificación de los motivos detrás de estos cambios.
