Uno de los temas primordiales en materia económica es el relativo a la desigualdad, ligado al crecimiento y la fiscalidad. Se ha demostrado que la teoría de que el bienestar de las personas depende de la reducción de impuestos a los que más tienen, pues de ellos vendrá el crecimiento económico y de ahí la reducción de la desigualdad, no es válida.
Ya el famoso economista John Kenneth Galbraith indicaba que la única manera de reducir la desigualdad que se genera en el capitalismo es mediante el impuesto progresivo a los ingresos de las personas, y ello ha sido demostrado hasta la saciedad en diferentes economías.
Además, es un elemento de justicia social que han defendido organizaciones políticas y gobiernos orientados a la izquierda. Por eso, sorprende que en México, con un gobierno supuestamente de izquierda y otro que tomará posesión en octubre, rehúyan este fundamento en un país tan desigual.
El actual gobierno dijo, durante la campaña y a inicios de 2019, que la reforma fiscal vendría en el segundo trienio, para después olvidarse de ella y contentarse con mejorar los sistemas de fiscalización y obligar a los grandes empresarios y personas a pagar la evasión de impuestos que hacían con subterfugios. Esto ha sido muy adecuado, pero no suficiente.
Ahora, la candidata ganadora de las elecciones, en una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, declaró que no tiene considerado recurrir a la reforma fiscal para financiar el gasto del gobierno. Tan solo anunció que promoverá un ambicioso plan de digitalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas para lograr más recursos.
Esto nos lleva a pensar que, una vez más, se dejarán de atender temas importantes para la población mexicana, como la salud y la educación, que han sido castigados durante estos seis años. Por lo visto, se pretende que sigan así, lo cual no es aceptable, ya que estos sectores necesitan recursos para poder hacer frente a las carencias que tienen y que, incluso en algunos casos, han visto reducido su presupuesto para destinarlo a las grandes obras de este gobierno.
Mientras esto ocurre, las fortunas de los más ricos se han incrementado de manera exorbitante en los últimos años, incluidos los de la pandemia. El año pasado, la ONG OXFAM, dedicada a estos temas, señaló: “Desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99% restante”.
Para el caso mexicano, como bien lo menciona el economista Federico Novelo en un muy buen artículo sobre el tema en la Revista de Economía Mexicana, publicada por la Facultad de Economía de la UNAM en su Número 9 de 2024, resulta que “Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos de América Latina y el Caribe, vieron su riqueza crecer un 70% durante los últimos cuatro años, y esta equivale a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe, 334 millones de personas”. Novelo agrega un dato que debería tomarse en cuenta por los gobiernos en general, pero más por los que se dicen de izquierda: “Esa riqueza es fruto de concesiones otorgadas por los distintos gobiernos mexicanos”.
Lo anterior es un dato central, y lleva a preguntarse: ¿Por qué tanta crítica a los gobiernos neoliberales y nada se tocan las concesiones entregadas, que han sido la base de casi la totalidad de los multimillonarios mexicanos que salen en la afamada revista Forbes?
Creo que el nuevo gobierno está obligado a revisar la fiscalidad y tomar la decisión de establecer impuestos progresivos que reduzcan la desigualdad y generen los recursos que tanto van a necesitar, porque no son suficientes los programas sociales. Otra pregunta es: ¿A quién hay que ayudar, al 1% de la población o al 99% restante?