La sonada reforma al Poder Judicial ha sido uno de los temas de mayor relevancia en el periodo de transición. En ese sentido, pareciera que quienes son mayoría el día de hoy lo consideran casi una realidad. Sin embargo, es importante tener en consideración algunos pormenores. Sin duda el discurso relativo a la falta de transparencia y de apego legal de los miembros del Poder Judicial encuentra asideros en la realidad, hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador así lo ha manifestado cuando mencionó las “respetuosas intervenciones” que desde el Ejecutivo el llevó a cabo mientras la Suprema Corte estaba encabezada por el entonces ministro Zaldívar.
Pese a ello, la pertinencia de la propuesta de reforma constitucional impulsada por la Presidencia de la República ha levantado serias dudas sobre la posibilidad de alcanzar los resultados que dicen buscarse en caso de que se llegara a implementar. Por un lado, el problema en cuanto a la falta de transparencia y confianza del Poder Judicial difícilmente se va a resolver mediante votaciones que permitan designar a las personas juzgadoras si este método de designación (que podría o no tener resultados indeseables) no es acompañado con un serio sistema de fiscalización y capacitación que mejore el desempeño de las personas juzgadoras.
Vale la pena recordar que hace unos años se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisamente con los objetivos que dicen ahora que serán alcanzado con la modificación constitucional propuesta por el Ejecutivo. En ese orden de ideas, de buscar alcanzar objetivos que no se han logrado con intentos anteriores, parece indispensable que se busque lo que ha fallado en esas ocasiones para determinar si es necesario un cambio de esta magnitud. Siendo así, parecería prudente incluir en el marco de la iniciativa aportaciones relativas a las instituciones que apoyan la labor de impartición de justicia, tales como los Ministerios Públicos de las Fiscalías, las cuales, sin ser parte del Poder Judicial, pueden jugar un papel importante al momento de llevar a cabo un proceso jurisdiccional. Sin la revisión de todo ese entramado a fondo, es difícil que una reforma que modifique el método de selección de las personas juzgadoras difícilmente tendrá los efectos deseados. Quienes pretendan hacer un trabajo legislativo serio para mejorar el desempeño de uno de los Poderes de la Unión, tiene por delante una labor titánica, veremos si las y los legisladores recién electos tienen la capacidad de llevar a cabo dicha tarea de forma satisfactoria, pues de ello dependerá mejorar o no la prestación de uno de los servicios públicos más importantes que cualquier Estado de derecho puede prestar.
NM
