La actual situación de la seguridad en México se encuentra en un punto crítico, y la propuesta del presidente López Obrador de modificar la Constitución para militarizar la Guardia Nacional plantea serias interrogantes sobre la dirección que estamos tomando como sociedad.
Actualmente, y desde 2019, la Constitución establece que existe una institución llamada Guardia Nacional encargada de la función de seguridad pública a nivel federal, la cual debe ser integrada y mandada por civiles. Sin embargo, está por aprobarse una reforma cuya intención es modificar la Constitución para que la Guardia Nacional se configure dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y todos sus mandos sean militares, lo que implicaría una mayor participación de las fuerzas armadas en temas relacionados con la seguridad pública.
Desde el inicio del sexenio, la participación de las fuerzas armadas en la seguridad le ha traído a México resultados desalentadores: a pesar de la presencia militar, la violencia ha aumentado, alcanzando cifras récord de homicidios. A su vez, las quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre abusos cometidos por el personal militar, como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, evidencian un patrón de violaciones a derechos humanos que son inaceptables en cualquier democracia. Estos abusos, lejos de garantizar la seguridad, deterioran la confianza pública en las instituciones.
En ese sentido, es importante considerar las diferencias fundamentales entre las funciones policial y militar. Mientras que el trabajo policial se enfoca en la prevención y combate de delitos (conductas) a través de la observación y el respeto a los derechos humanos, la función militar se centra en la neutralización de enemigos (personas), utilizando predominantemente la fuerza. De igual manera, la prevención del delito requiere que las y los elementos encargados de la seguridad pública puedan tomar acción de forma independiente, mientras que la formación militar inculca que las y los soldados solo pueden llevar a cabo lo que se les ordena, por lo que no podrían tomar acción para combatir un delito si este no representa un riesgo para ellos, a menos que se les ordene.
Resulta difícil que las y los militares, con un entrenamiento distinto, pensado para un escenario diferente, sean capaces de atender un problema que también requiere de una formación profesional que desafortunadamente nadie ha sido capaz de instaurar de forma suficiente y adecuada en nuestro país. A lo largo de los últimos tres gobiernos, se ha partido del supuesto de que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles traerá como consecuencia la reducción de la inseguridad. Sin embargo, la evidencia de estos 18 años demuestra exactamente lo contrario: cada año, la violencia se ha recrudecido de forma proporcional al incremento de elementos militares realizando labores de seguridad.
Restablecer la paz en nuestra sociedad no es una tarea sencilla. Sin embargo, frente a esta situación, es necesario reconocer que la militarización de las funciones de seguridad pública no solo es una respuesta inadecuada a un problema complejo, sino que también compromete los derechos humanos y el estado de derecho en México.
