El día martes se vivieron momentos críticos que parecían haber sido anunciados desde la semana anterior cuando los dos senadores del PRD decidieron pasarse a la bancada de Morena, con lo cual, a la mayoría oficialista le faltaba un voto para lograr la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
Para sorpresa de muchos, ese último voto para lograr la mayoría calificada que requería la aprobación de la reforma del presidente, conocida como “Plan C” salió de las filas del PAN, gracias al senador Miguel Ángel Yunes, quien primero pidió licencia para que su suplente (su padre) tomara protesta y emitiera su voto. Sin embargo, tras la irrupción de las y los manifestantes al Pleno de la Cámara de Senadores, el propio senador, quien había alegado motivos de salud, solicitó su reincorporación a su escaño para votarla a favor cuando se reanudara la sesión en la sede alterna del Senado.
Por su parte, la ausencia del senador de MC, Daniel Barreda, quien presuntamente se encontraba en Campeche declarando por la detención de su padre, ocurrida esa madrugada por elementos de seguridad pública, fue verdaderamente sospechosa y desafortunada.
Gracias a sus decisiones, que contrarían el mandato popular al votar en un sentido distinto al de los partidos por cuyas siglas tomaron protesta, estos senadores permitieron que se aprobara una reforma extremadamente regresiva en el acceso a la justicia. Adicionalmente, demostraron qué es lo que le puede esperar al país durante los próximos 3 años, si la coalición en el poder logra mantener una mayoría calificada en ambas Cámaras.
Desgraciadamente, estos flamantes personajes incorporados al oficialismo decidieron, por razones válidas o no, anteponerse a los intereses de sus votantes y demostrar que su voluntad se encuentra con el poder sin contrapesos, muy a pesar de los principios que probablemente los impulsaron a ingresar en la vida política.
Estos personajes resultan ser los responsables de un paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo, echando a la basura el sistema que garantizó el respeto para propios y extraños cuando la voluntad del poder deseaba pasar por encima de las personas. Podríamos recordarles a los senadores del extinto PRD que fue gracias a un poder judicial fuerte e independiente que, en 2006, su entonces candidato no pisó la cárcel.
En fin, esperemos que las conciencias de estas personas estén tranquilas y las especulaciones aquí expresadas no se confirmen con el retintín de 30 monedas de plata o algo más. Ojalá que, en el no tan remoto caso de que ya no sean útiles para los poderosos, no echen de menos las instituciones que, tan seguros de su decisión, limitaron.
