Hace alrededor de 30 años se inició un proceso de descentralización del Poder, que implicó que determinadas responsabilidades debían dejar de estar a cargo del Poder Ejecutivo para ser garantizadas por autoridades ajenas a la vida política ya que se buscaba asegurar imparcialidad en su cumplimiento. Así, se generaron instituciones que garantizan la provisión de bienes y servicios públicos necesarios, sin que un gobierno o partido político intervengan.
Algunas de estas responsabilidades y los órganos que las cumplimentan son: competencia económica, regulada por COFECE; acceso a la información pública, garantizado por el INAI; regulación de las telecomunicaciones, a cargo del IFT; el mercado energético, bajo la supervisión de la CRE y la CNH; la evaluación de la educación llevada a cabo por MEJOREDU y el seguimiento de los programas sociales realizado por CONEVAL.
Ello es así porque la experiencia política y económica de México había demostrado que todas estas áreas implican cuestiones que afectan de manera significativa la vida cotidiana de las y los mexicanos, al tiempo que las autoridades gubernamentales que responden a intereses políticos podrían tener incentivos para disponer de sus facultades sobre esos temas a conveniencia, ya sea evitando que la ciudadanía acceda a derechos como la transparencia o abusando de la autoridad que otorgan los cargos asignados sin requerimientos de pericia técnica para obtener ventajas indebidas o llegar a componendas para beneficiarse al margen de la ley.
En otras palabras, al ser los mercados con altas barreras de entrada, como el energético o el de telecomunicaciones, y los temas de transparencia, evaluación y rendición de cuentas, cuestiones que podrían constituir áreas que es deseable mantener fuera del control de las y los políticos, se crearon órganos en la Constitución que pudieran hacerse cargo de su gestión, fuera de toda influencia presidencial a través de criterios técnicos.
Sin embargo, el 5 de febrero pasado, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de Reforma Constitucional a la Cámara de Diputados que pretende desaparecer a las autoridades mencionadas. El viernes pasado fueron aprobadas en lo general y en lo particular por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Una vez que se instale el Congreso con la nueva legislatura, a partir del 1 de septiembre, pasará a ser discutida en el pleno, donde necesitará ser aprobada por dos terceras partes de las y los diputados presentes, es decir, 333 legisladores.
De acuerdo con la lista de diputaciones aprobada por el Consejo General del INE, MORENA y sus aliados cuentan con 364 diputados, más que suficientes para aprobar dicha reforma. Sin embargo, una vez votada favorablemente, deberá pasar al Senado de la República, ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de dicha Cámara y después votada por el Pleno, en donde a MORENA y sus aliados les faltan 3 senadores o senadoras para alcanzar los dos tercios de los votos que la Constitución requiere para que las modificaciones a su texto sean válidas.
En ese punto, podremos darnos cuenta de si existirá una cohesión entre la oposición que sirva para detener las reformas propuestas por el Presidente. De no existir dicha resistencia, pasaría a ser votada por los Congresos estatales y, de ser aprobada por la mitad más uno, pasaría a formar parte del texto constitucional. Veremos cómo se dispondrá el escenario político y si existirá un contrapeso posible en la Cámara de Senadores.
