El éxito o fracaso de cualquier institución depende de la eficiencia y la eficacia con la que cumple su objetivo: en este caso, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene como función garantizar las condiciones para el desarrollo de las votaciones para elegir a nuestros representantes en los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y de los estados.
Todo ello a través de la colocación de casillas, la organización de las personas que cuidarán los comicios, la integración de la lista nominal de las personas que podrán votar y el conteo de los sufragios emitidos.
Así las cosas, desde su creación en 2014, el INE ha sido un órgano independiente con capacidades de fiscalización eficaz y facultades para la defensa de los derechos político electorales de la ciudadanía; asimismo, cuenta con un servicio profesional de carrera que garantiza la calidad del servicio público que se realiza en esa institución.
Este trabajo permite que las elecciones puedan llevarse a cabo de formas más transparentes y confiables en los procesos en los que ha sido autoridad. Sin embargo, pareciera que, a pesar de su buen trabajo, ha sido objeto de críticas que se han traducido en debate político, lo que ha provocado su limitación presupuestal y la reducción de personal a su cargo.
Ante esas nuevas circunstancias provocadas por la politización y la polarización alrededor del árbitro electoral, éste se enfrenta a las elecciones más complejas de la historia puesto que se elegirán más de 19,000 cargos y existen mas de 100 millones de votantes en el padrón electoral. En consecuencia, el reto es aún mayor que las elecciones federales pasadas porque aumentó la cantidad de votantes y de cargos a elegir y tanto el presupuesto como la estructura sufrieron modificaciones.
Adicionalmente, las condiciones de seguridad relacionadas con la elección se han deteriorado. Esto es relevante porque puede desincentivar la participación ciudadana, tanto en la emisión del voto, como en la realización de las tareas de representación que les corresponden a los funcionarios de casilla, lo cual, por causas ajenas al Instituto, provocaría un deterioro de la vida democrática que tanto trabajo ha costado construir.
Sin embargo, las y los mexicanos han demostrado que la actividad del Instituto es altamente apreciada y se ha manifestado en el sentido de mantenerlo, frente a las diversas reformas que pretenden modificar su conformación, lo cual es una señal de confianza que se manifiesta a partir de una expresión social que va más allá de colores partidistas y permite vislumbrar el arraigo que tiene esa institución en la opinión pública.
En definitiva, a pesar de tener condiciones tan cuesta arriba para desempeñar sus funciones, el INE cuenta con el respaldo popular y un andamiaje institucional que, aunque reducido, cuenta con elementos altamente profesionales.
Quedará por verse para el 2 de junio si, con lo que tiene realmente, alcanza para salvaguardar la democracia. De no ser así, se requerirá una serie de cambios, lo cual a su vez se podría prestar a la polarización y minar aún más la solidez política de la institución. El INE está a prueba, el resultado de su desempeño será el más importante que se registre este 2 de junio.
