Los vientos del cambio política sacuden a Venezuela. En medio de las protestas y movilizaciones sociales, la nomenclatura venezolana enfrenta en estos momentos el cálculo de los costos de reprimir frente a los de permitir las protestas. Mientras los costos de usar la fuerza pública contra los manifestantes sean percibidos como bajos, más probable será que las movilizaciones sean reprimidas y se imposibilite el reconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas. Tres factores son centrales para elevar el costo de la posible represión: que más y más gente se sume a las protestas, que los moderados del régimen abandonen a Maduro y opten por un cambio gradual hacia la democracia y mayor presión de la comunidad internacional.
La decisión de Maduro de romper relaciones con siete países de la región, incluyendo Chile, pone en evidencia que prefiere seguir el camino del aislamiento antes que renunciar al poder. En este caso la presión que ejerzan países como Brasil, Colombia, España y México es clave para que el régimen bolivariano acepte transparentar la información electoral y renuncie a cualquier tentación represora. Mientras que Brasil y España se han manifestado en forma crecientemente crítica, Colombia y México han mantenido una posición más ambigua y favorable a Maduro, aunque todo puede cambiar conforme se precipiten los acontecimientos.
Lo que es indiscutible es que, sin importar su filiación política, los gobiernos de la región tienen la obligación de exigir certidumbre y transparencia en la difusión de los resultados electorales y rechazar el uso de la fuerza pública para reprimir las protestas. No hacerlo significa clara y llanamente complicidad con una dictadura.
Más allá de la situación inmediata, se abre la posibilidad del cambio político democrático para Venezuela. Una transición democrática suele definirse como un proceso de cambio gradual controlado y negociado desde pautas de gobierno autocrático hacia alguna forma de régimen democrático. El enquistamiento del gobierno y la respuesta de la oposición y la sociedad ante los resultados electorales, dificulta pensar que veremos una transición democrática en ese sentido, antes bien se perfila un proceso de cambio por colapso del régimen, como ocurrió en su momento en diversos países de Europa del Este.
El problema de una transición por colapso es que involucra niveles muy altos de incertidumbre al respecto de la respuesta de los grupos más duros del régimen, la posición del Ejército y la capacidad de la oposición para formar gobierno es esas condiciones. Como nos advierte la experiencia de Europa del Este, en este tipo de transiciones la decisión del ejército de no respaldar la continuidad del régimen es fundamental para permitir la instauración de un nuevo régimen, garantizar la gobernabilidad y evitar baños de sangre.
Independientemente del resultado, Venezuela enfrentará años de turbulencia política y social. Si Maduro consigue mantenerse en poder, tendrá que enfrentar escenarios de movilización social, división política y presión internacional continua, lo cual puede llevarlo a optar por radicalizar la dictadura. Si la oposición logra obtener el reconocimiento de una victorial electoral, tendrá lugar un proceso de reconstrucción política y económica muy complicada sujeta a resistencias internas y altas expectativas sociales difíciles de cumplir en el corto plazo. Bajo ambos escenarios, la disposición de los países de la región para respaldar sin ambigüedades una transición democrática ordenada y sin violencia es fundamental.