Esta semana comenzaron las campañas y cobró importancia la discusión sobre qué hacer con los altísimos niveles de impunidad que caracterizan a México. Mi primera impresión es que, si bien en los discursos de las dos candidatas y el candidato se reconoce la gravedad del problema, no termina por quedarles claro el entramado de relaciones institucionales que produce la impunidad y el nivel de transformación que se requiere implementar en forma consistente a nivel federal y estatal. En particular predominan el rechazo verbal a la impunidad, la amenaza de más castigo como respuesta y la afirmación de la prisión como la madre de todas las soluciones ante la impunidad, cuando el simple punitivismo ha demostrado que está muy lejos de serlo.
Señalar que ahora sí se va a acabar con la impunidad no significa nada si no lo vinculamos con el funcionamiento y resultados en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, porque se requiere relacionarla con problemas de acceso, capacidad, funcionamiento, desempeño, corrupción o tráfico de influencias en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Por más atractivo que resulte políticamente llamar a una cruzada por la cero impunidad, esto no tiene ningún sentido si no se tienen claro cómo van a fortalecerse las capacidades institucionales, formar operadores capacitados para los sistemas de seguridad y justicia y mejorar el funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas.
De acuerdo con las conclusiones del Índice de Impunidad, enfrentar el fenómeno de impunidad implica reconocer primero que es un fenómeno que tiene una expresión nacional y otra a nivel estatal. Reducir la impunidad requiere de soluciones nacionales y estatales. Si bien lo terrible del caso mexicano es que los estados suelen caracterizarse por niveles muy altos de impunidad, en realidad enfrentan problemáticas y necesidades diferenciadas en lo que se refiere a seguridad, procuración e impartición de justicia y respeto a los derechos humanos. En IGI 2022 los diez estados con mayor índice de impunidad resultaron: 1) Estado de México (74.55), 2) Baja California (69.84), 3) Veracruz (65.56), 4) Puebla (63.90), 5) Querétaro (63.65), 6) Jalisco (63.40), 7) Sinaloa (63.59), 8) Aguascalientes (62.29), 9) Chiapas (62.07) y 10) Michoacán (61.99). Hasta 19 estados se ubicaron por encima del promedio de 60.08 y otros 11 se ubicaron a solo 6 puntos de distancia, en otras palabras, la impunidad es un problema generalizado y que sigue extendiéndose sin control.
Enfrentar la impunidad supone pasar del rechazo verbal y la mera generalización a responder preguntas que no suelen estar en la agenda de los candidatos: ¿qué tipo de capacidades institucionales consideran que es necesario fortalecer en forma prioritaria para garantizar condiciones de seguridad efectivas, acceso a la justicia y respeto a los derecho humanos?, ¿cuánto se va a incrementar el presupuesto para seguridad, procuración e impartición de justicia y protección de los derechos?, ¿en cuánto piensan incrementar el número de agencias y agentes del ministerio público para evitar que los ciudadanos pierdan horas en el proceso de denuncia?, ¿de qué forma se puede incrementar el número de policías estatales y municipales certificados, con estándares adecuados de profesionalización y derechos laborales plenos?, ¿qué piensan hacer para consolidar el sistema anticorrupción y convertirlo en un instrumento que en verdad permita reducir la corrupción?, ¿están dispuestos a defender la autonomía del Poder Judicial y la CNDH aunque vaya en contra de su agenda política?
El combate a la impunidad y la corrupción comienza también con la voluntad política y, en este caso, no cabe sino dudar que los ahora candidatos tendrán la suficiente voluntad para combatir la impunidad en los hechos, cuando en sus partidos y alianzas participan figuras que han obtenido reiteradamente beneficios políticos y económicos de los pactos de impunidad y redes de corrupción. El combate a la impunidad también pasa por limpiar la casa partidista propia y sus alianzas. Los tacos de lengua del no-más-impunidad no son suficientes para acabar con esa lacra de la vida pública.
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