Es clara la obsesión que el presidente mexicano siente por el poder, lo que crea incertidumbre en la sociedad mexicana sobre si estará dispuesto a retirarse definitivamente a su rancho en Palenque, Chiapas, como lo ha expresado en diversas ocasiones, una vez que traslade su gestión el próximo 1 de octubre, a la nueva presidenta. Sin embargo, contradictoriamente, también asegura que podría colaborar con la nueva gestión gubernamental ante un llamado de la nueva mandataria.
Ante la polarización social creada por el mandatario mexicano, se esperaría un nuevo gobierno de unidad nacional para todos los mexicanos, independientemente de su tendencia política. De una lista nominal aproximada de 98.5 mexicanos con capacidad de votar, alrededor de 60 millones votaron; cerca de 23 millones lo hicieron por la oposición, un número muy significativo de la población, y 1.5 habría anulado su voto o votado por alguna propuesta independiente. Se esperaría que el nuevo gobierno pueda atender sin cortapisas a la sociedad en su conjunto con respeto, tolerancia y sin fobias ideológicas.
Volver al pasado con una nueva presidencia o caminar hacia la autocracia o el autoritarismo sería desastroso, donde se tiende a erosionar el Estado de derecho y los poderes del Estado, la transparencia gubernamental y las libertades civiles y de expresión. La autocracia es proclive a la represión, corrupción y a la mala gestión gubernamental.
Con los resultados electorales obtenidos, la nueva presidenta prácticamente podrá tener el control de los poderes Legislativo y Judicial y de organismos autónomos, por lo que es necesario luchar por la división de poderes y la supervivencia de órganos como el INE o el Inai, a efecto de evitar caer en una esfera similar a la de Nicaragua, Rusia o Venezuela.
Sin duda alguna, presenciamos una campaña electoral no equitativa, con injerencia del crimen organizado; hemos estado ante un gobierno autoritario, desdeñoso de la ley, soberbio, paternal, proveedor de dinero y de programas clientelares; de desvío de recursos, cargada de gobernadores y acarreo electoral. Fue obvia la inversión gubernamental en recursos mediáticos y financieros: operaron 23 mil siervos de la nación en la campaña (con un presupuesto cercano a los 3 mil 600 millones de pesos anuales) y se aplicaron 30 millones de programas del bienestar (de 25 mil millones anuales).
Todo ello en un escenario de erosión democrática y de instituciones autónomas, un sistema de salud en crisis y un sistema educativo ideologizado; un sistema político impregnado de corrupción, opacidad y ausencia de rendición de cuentas; un país inseguro, militarizado y desbordado en muertes por razones sanitarias y violentas.
El populismo de López Obrador parece ser una mezcla del discurso nacionalista y populista del PRI de antaño y del caudillo que parecía ya superado, en busca de la “dictadura perfecta” que describió Vargas Llosa, de gobiernos autoritarios, represores, de partido único y al mando de un solo hombre; del dedazo y del tapado, hoy humillantemente llamado de corcholatas y, del maximato, del “Jefe Máximo de la Revolución”, Plutarco Elías Calles.
Queda duda sobre la influencia que podría descargar AMLO sobre su discípula, independencia que no ha sido patente en su campaña electoral y en la transición del mando que tiene lugar en estos días. Queda por ver si en efecto, el actual presidente es capaz de sustraerse de la política e influencia en su sucesora y si ésta desea o puede sacar del escenario político a su mentor, para construir una sociedad justa y democrática.
