El próximo 28 de julio se realizarán elecciones presidenciales en Venezuela, las que han creado una amplia expectativa en varios sectores sociales, ante la posibilidad de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia pueda ganar, con base en diversas encuestas que le favorecen, el amplio rechazo que se percibe en la sociedad venezolana hacia el candidato oficial, Nicolás Maduro, y la crítica situación económica y social que presenta el país, que ha derivado en una emigración de 7.5 millones de venezolanos.
Sin embargo, el candidato opositor está frente a unas elecciones de Estado, a las cuales se les ha inyectado todo el poder autoritario del actual gobierno, además de que se observa mucho temor y desinterés de Maduro de abandonar la silla presidencial.
El tema no es menor, ya que no sólo se trata de la derrota del presidente y su seguridad futura, sino también de la élite política, económica, militar y policiaca que le rodea, vulnerable ante la justicia por violaciones a los derechos humanos, corrupción y vínculos con el crimen organizado.
Es obvio que el presidente no es un hombre inclinado a respetar elecciones democráticas y a reconocer resultados de una derrota: se podría esperar cualquier cosa de él. Si tuviera que ceder el poder, seguramente se vería forzado a negociarlo con la oposición con el fin de salvar su integridad. El presidente y un círculo de colaboradores es investigado por la Corte Internacional de Justicia por crímenes de lesa humanidad.
En este contexto, el chavismo aún confía en su capacidad de movilización a pesar de que no le son favorables las encuestas, en tanto que los grupos más radicales afirman que la revolución bolivariana debe continuar a toda costa. El propio Maduro ha hecho declaraciones temerarias sobre el destino venezolano que caería en “un baño de sangre, en una guerra civil fratricida”, de no ganar las elecciones.
La dictadura venezolana ha tenido una fuerte presión internacional por las permanentes violaciones a los procesos democráticos y a los derechos humanos, pero también ha contado con el apoyo de la inteligencia cubana y la benevolencia de países como México, así como con el respaldo de China, Irán y Rusia, que ven a Venezuela como un aliado clave en el hemisferio occidental.
Desde hace 25 años Venezuela es controlado por el chavismo, primero con Hugo Chávez y hoy con Maduro, quien busca su tercer mandato. Más de 21 millones de venezolanos están registrados para votar, 7.5 están fuera del país. En supuesto escenario democrático, Maduro se enfrenta a varios candidatos, sin posibilidad alguna, a excepción de González Urrutia, candidato sustituto de la indiscutible líder opositora María Corina Machado, inhabilitada en la contienda por las autoridades venezolanas.
Maduro ha erosionado el orden democrático y la independencia de los poderes públicos: el Poder Ejecutivo controla los poderes Judicial, Legislativo, y el órgano electoral, en un ámbito de represión sistemática y amedrentamiento social y político, así como una actitud hostil hacia periodistas y medios de comunicación.
Las instituciones venezolanas han estado destinadas a asegurar la continuidad del régimen chavista, en violación a la democracia representativa prevista en la Carta Democrática Interamericana, en un contexto de un poder político que combina gobernanza y crimen. Un eventual triunfo de Maduro tenderá a incrementar la pobreza, la represión y mayor éxodo de venezolanos, lo que preocupa profundamente a Brasil y Colombia, que tradicionalmente se consideraron aliados del chavismo, y que hoy demandan elecciones democráticas, por la necesidad de estabilizar la región. Estas son las historias de los hombres y las élites que se aferran al poder.