El crimen organizado y la corrupción se han convertido en el talón de Aquiles de Ecuador y particularmente de su relativamente nuevo presidente Daniel Noboa, quien asumió ese cargo en noviembre de 2023 por un corto periodo, cuyas nuevas elecciones presidenciales tendrán lugar en febrero de 2025.
Ante la presencia de un “conflicto armado interno”, en enero pasado Noboa ordenó al ejército neutralizar a las bandas criminales que azotan el país, a las que calificó como organizaciones “terroristas”. En el contexto de una política de mano dura, el ejército patrulló las calles y las cárceles, controladas por los delincuentes.
Ecuador se ha convertido en un punto logístico para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, proveniente de Colombia y Perú, donde los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se han vinculado a las peligrosas pandillas Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos, en el caso del CJNG. El país lleva varios años golpeado por la inseguridad: en 2023 se registraron 45 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, índices de los más altos del continente, atribuidas al narcotráfico, a lo que se suma secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos.
El pasado domingo tuvo lugar un referéndum y una consulta popular promovidas por el presidente Noboa, enfocadas a la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo, consistente en once preguntas, a efecto de aprobar o no reformas judiciales, legales y constitucionales. Dicha jornada tuvo una participación del 72% de los 13.6 millones de ecuatorianos convocados, para lo cual se desplegaron 39,000 elementos de las Fuerzas Armadas y 57 mil 83 agentes de policía.
De acuerdo a datos preliminares, Noboa habría logrado ganar nueve de las once preguntas. El tema sobresaliente para la sociedad ecuatoriana lo constituye la inseguridad. La población se pronunció a favor de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la policía sin necesidad de expedir estados de excepción; aprobación a la extradición de ecuatorianos, cuando no sean países donde se aplique la pena de muerte; mayores penas a la criminalidad organizada y eliminación de beneficios penitenciarios; establecimiento de judicaturas especializadas; control de las Fuerzas Armadas de armamento en caminos y centros de rehabilitación; traspaso de las armas decomisadas al ejército a la policía, y de los bienes de los criminales al Estado.
Las preguntas rechazadas estaban enfocadas al arbitraje internacional que beneficiaría a las transnacionales y la flexibilización laboral, que implicaría, indican opositores, una regresión y precarización a los derechos laborales mediante el trabajo por horas. Chevron Texaco tiene procesos contra Ecuador por 10 mil millones de dólares. El principal opositor a las medidas de Noboa lo ha constituido el expresidente Rafael Correa, junto con el correísmo.
Esta consulta a la ciudadanía otorgará al presidente mayores poderes para combatir a la delincuencia y también es un indicador del nivel de aceptación que tiene de cara a una reelección en 2025. Si bien su popularidad ha caído, aún alcanza el 74% de aprobación. Sin embargo, los opositores expresan una profunda preocupación por la militarización del país. El reto de Noboa será lograr que la Asamblea, en la cual no tiene mayoría, apruebe las reformas legales para ejecutar las preguntas de la consulta.
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