Hace algunos días los medios de comunicación destacaron una situación insólita, sobre los desplazamientos forzados que han tenido lugar en algunas comunidades chiapanecas aledañas con la línea fronteriza con Guatemala, del municipio de Amatenango, donde los pobladores han tenido que huir al país vecino por la alta violencia que impera en esa región, causada por el crimen organizado, particularmente por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes disputan el control de rutas para el narcotráfico y el tráfico de personas y armas.
Por lo general se trata de comunidades indígenas, dedicadas a la agricultura, altamente vulnerables, las cuales han abandonado sus casas y pertenencias. El presidente Guatemalteco, Bernardo Arévalo, informó que los desplazados se encuentran en albergues y escuelas de la municipalidad de Cuilco, apoyadas y atendidas por su gobierno, pobladores e iglesias evangélicas. Por razones de seguridad y control territorial, el gobierno de Guatemala ha establecido el Plan de Cinturón de Fuego, que contempla patrullajes fronterizos con brigadas militares y de policía.
La canciller mexicana declaró a los medios que los desplazados temen regresar a sus lugares de origen por la violencia reinante y el reclutamiento de jóvenes por los criminales, en tanto, la Sedena estaría reforzando la seguridad en la zona. Agregó que México se siente agradecido con el gobierno guatemalteco, con el cual se mantienen mecanismos de comunicación mediante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (Ganseg), que se reunirá a finales de agosto.
Por su parte, el presidente mexicano mediante sus conocidas peroratas, dijo que a pesar de estos desplazamientos forzados el “país se encuentra en paz”; que son hechos delictivos que el gobierno está controlando y atendiendo sus causas, con becas y programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el fin de que no se integren a las bandas criminales; dijo que “ha pedido a la gente mayor hablar con los jóvenes para bajar la violencia en Chiapas”.
Empero las declaraciones optimistas del presidente, la realidad se empeña en contradecirlo y seguramente la violencia irá escalando en la zona fronteriza con Guatemala. Organizaciones comunitarias y de derechos humanos han hecho un llamado para una inmediata intervención en la zona, para prevenir nuevos desplazamientos; dijeron que la acción poco efectiva del gobierno y la inacción en la zona para enfrentar a los grupos criminales ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de miles de familias.
Si bien situaciones de esta naturaleza no son nuevas y cada vez son más recurrentes en la República Mexicana, son muy alarmantes en la región chiapaneca y en la línea fronteriza con Guatemala, altamente porosa e impactada por el contrabando y el tráfico de personas, drogas y armas, situación en la que los gobiernos federal y estatal han sido abatidos por la delincuencia y no cuentan con respuestas.
Finaliza el sexenio con un alto grado de inseguridad y violencia en el país. De acuerdo a datos proporcionados por distintas fuentes, el periodo del presidente Manuel López Obrador se sitúa como el más mortal en la historia de México, que podría cerrar con casi 200 mil homicidios dolosos y, de conformidad con un estudio presentado por AC Consultores en 2023, el crimen organizado tendría presencia en el 81 por ciento del territorio mexicano.
Hemos estado ante una estrategia inexistente contra el crimen organizado, esa imaginaria de los “abrazos y no balazos”, para algunos, tolerante y permisiva; para otros, complaciente y vinculante con los más altos niveles en el escenario mexicano. Para nosotros los simples mortales, irrelevante, pues hemos sido avasallados por la criminalidad.
