1.
La próxima agenda política y legislativa en México está por ponerse en marcha. Como era de suponer, dada la magnitud de los resultados electorales, la coalición gobernante no está para conceder puntos a los opositores, por lo que, investida de una mayoría constitucional que excede el porcentaje de votos obtenidos, habrá de definir la agenda legislativa de la LXVI Legislatura a instalarse en los próximos días.
2.
Si se recuerda, hubo dos momentos significativos en los que el régimen acumulaba gran poder político, pero su legitimidad, entendida como la aceptación del pueblo de los actos del gobernante, se encontraba en duda. Uno fue en la transición del gobierno de Luis Echeverría Álvarez al de José López Portillo, cuando éste obtuvo la casi totalidad de los votos emitidos, dado que no tuvo un contendiente registrado, excepto por la campaña en solitario de un adversario en la clandestinidad, Valentín Campa, del Partido Comunista Mexicano. De esta soledad emergió la reforma política de 1977 que crearía los diputados de representación proporcional, 100 en ese primer momento, para que la inconformidad saliera de la clandestinidad y se manifestara en la representación legislativa.
3.
Otro momento, tan trágico como trascendente, sucedió en la transición político-electoral de 1994, cuando estalló la rebelión de las cañadas en Chiapas y ocurrió el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, que pondrían a prueba la perestroika (reestructuración) a la mexicana del salinismo, dando paso a los cambios electorales necesarios para impulsar al país hacia la alternancia política en el año 2000. En 1995 se reformó el Poder Judicial para fortalecer su autonomía y en 2011 los derechos humanos incorporaron su primacía en la Constitución. En esos casi 30 años, el país fue hacia la democracia con una economía más abierta, un Estado menos interventor y una sociedad cada vez más dinámica, plural y consciente de sus derechos y libertades.
4.
Siguieron otros lustros de consolidación de las instituciones y de ampliación de derechos en la Constitución, al igual que de fortalecimiento del sistema de partidos y el modelo electoral autónomo, profesional y ciudadano. Este modelo hizo posible que las elecciones presidenciales desde el 2000 hasta 2024 hayan transcurrido en el cauce institucional y jurídico, con transiciones pacíficas en el poder. En el núcleo del modelo, existía la prevención constitucional para que ninguna fuerza política tuviera por sí sola el poder suficiente para reformar la Constitución, algo que con el paso de las sucesivas reformas electorales se fue relajando al grado de separar el sentido de “partido” y “coalición”, cuando se trataba de prevenir que una sola fuerza no pudiera cambiar a modo la Carta Magna.
5.
Ahora estamos por volver al pasado, al régimen de partido hegemónico, a la supremacía absoluta del Poder Ejecutivo, a la sumisión de los otros poderes teóricamente iguales, a la desaparición de contrapesos como los órganos autónomos y reguladores, al Ejército fuera de los cuarteles y patrullando las calles, al ogro filantrópico, hasta a la supresión de los legisladores plurinominales, necesarios para que las minorías o las inconformidades salieran de la clandestinidad y se expresaran en las Cámaras, que tal fue el sentido inicial de la larga marcha de la democracia mexicana. Tal concentración de poder debiera llamar a la prudencia y propiciar un diálogo amplio y profundo que reconciliara a la República, volviendo a integrar sus partes, pues el simple salto al pasado pudiera reactivar los mecanismos de cambio posibles en las sociedades agraviadas: la resistencia civil, la clandestinidad o la rebelión. Podrá cambiarse el Poder Judicial, reconcentrar el poder y desaparecer la representación proporcional, pero ello no hará una mejor República. Diálogo, no aplanadora, es lo que ahora podría resultar para conciliar Estado, política y sociedad.