1.
Las elecciones presidenciales en Venezuela no serán libres ni justas. Convenidas internacionalmente en los acuerdos de Barbados firmados en octubre del año pasado, para regresar el país a la democracia y en su caso, eliminar las sanciones internacionales que aún gravitan sobre su economía, las elecciones han transcurrido con más pena que gloria, pues el gobierno ha incumplido todo aquello que ha podido, excepto la fecha de realización de éstas, pactadas en el segundo semestre de 2024. Las elecciones serán el próximo domingo 28 de julio, apuntando a ser un caso más de elección de Estado, en el cual el aparato gubernamental, las fuerzas armadas y policiacas y el partido dominante inhiben o apresan a los opositores y coaccionan a los votantes con mecanismos clientelares o amenazas abiertas de subversión o violencia.
2.
Con el ascenso del chavismo al poder, el país ha vivido una desinstitucionalización que le llevó de ser una de las democracias representativas más vibrantes de América Latina, a ser un país sometido a la dictadura de un solo partido y persona, que son el Partido Socialista Unido de Venezuela y Nicolás Maduro, respectivamente, en busca de un tercer periodo como presidente prácticamente al costo de lo que sea, así haya sido la economía nacional y las perspectivas de desarrollo y participación internacional de la nación venezolana. El chavismo es un movimiento político presente en todos los órdenes de la vida nacional; más de seis millones de venezolanos han emigrado del país, en lo que constituye ya una diáspora hacia naciones aledañas y América del Norte, porque sencillamente en el país se han cerrado las oportunidades al ser todo dentro del chavismo, porque fuera de él, prácticamente nada es posible.
3.
Además de haber copado a la sociedad, el régimen de Maduro ha hostigado a la oposición, nucleada en la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, primero inhabilitando a la popular candidata María Corina Machado, luego a quien podría sustituirla, Corina Yoris, de perfil académico, pero que podía recibir el capital político de la alianza opositora, para finalmente aceptar que el candidato fuera el diplomático Edmundo González Urrutia. El hostigamiento ha llevado al encarcelamiento de casi 300 partidarios y empresarios simpatizantes con la oposición al régimen, con lo que la campaña de González Urrutia ha debido enfrentar el cerco mediático y de seguridad que le ha sido impuesto desde el poder.
4.
No obstante, las mediciones demoscópicas, inmersas en una guerra de propaganda y descrédito, muestran la cargada oficial para el candidato del régimen, ubicándolo entre 50 y 70% de las preferencias, con una posibilidad de que la oposición pudiera alzarse con el triunfo, de respetarse los resultados, pues las encuestas independientes anticipan un vuelco electoral. Sin embargo, señalan los analistas, como en otros países con regímenes hegemónicos, las encuestas son instrumentos de propaganda para alimentar la desinformación y desmoralizar a los opositores.
5.
Realmente, todo prefigura un fraude anticipado hasta por la negativa del régimen para autorizar la presencia de observadores de la Unión Europea, a lo que se había comprometido. Mediante el control clientelar de la población con programas de subsidios directos, acoso político y policial a los opositores, amagos de violencia y detenciones arbitrarias de quienes apoyan a la coalición opositora, desinformación e incumplimiento de las salvaguardas y garantías de juego limpio comprometidas por el régimen a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que tienen postrado al país, las elecciones presidenciales del 28 de julio habrán de transcurrir conforme a la partitura del régimen, prolongando la agonía de la democracia y de la sociedad. Tristemente, parece ser que se impondrá Nicolás Maduro y seguirán las sanciones internacionales, profundizando el éxodo venezolano.