1.
La presentación del VI Informe de Gobierno, es decir, del estado que guarda la administración pública federal en el último año del sexenio, solía ser un momento de balance, despedida y reflexión sobre el futuro inmediato. Los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo alteraron el formato, al anunciar el primero la expropiación de tierras en Sonora y la devaluación de la moneda, en tanto que el segundo expropió la banca, también devaluó el peso y declaró una moratoria, generando turbulencias y sendas crisis. Posteriormente, vendrían procesos de ajuste que redujeron el riesgo de los cierres de gobierno hasta que, de repente, pareciéramos estar nuevamente en circunstancias extraordinarias.
2.
El último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador se había pensado que sería el colofón de una transición suave, pues las condiciones macroeconómicas del país así lo anticipaban, con buenas reservas monetarias, el ejercicio controlado del gasto y una excelente recaudación fiscal, a pesar del déficit presupuestario de 6% en el año electoral. Sin embargo, ha prevalecido el ánimo por concluir cuanto antes una contrarreforma estructural del Estado mexicano, generando efectos preocupantes en dos de los elementos principales de la estabilidad política y económica de un país: la confianza y la certidumbre, verdaderos intangibles para el buen funcionamiento y la armonía entre el Estado, el mercado y la sociedad.
3.
La situación de la sobrerrepresentación de la coalición gobernante, a partir de una interpretación obsequiosa de los resultados electorales contra la oposición, muestra qué tanto difieren las perspectivas. Para la coalición gobernante, asignar 75% de los diputados y senadores no es contrario al 54% de la votación nacional, en tanto que, para la oposición, se trata sencillamente de un despojo de la representación obtenida. Tanto el INE como el Tribunal Electoral, pudiendo interpretar la Constitución en una forma sistemática, prefirieron la literalidad de la fracción cuarta del artículo 57, para asignar los legisladores de representación proporcional por partido y no por coalición. Ello deja abierta la puerta a la inconformidad política y ciudadana, por el atropello a los derechos de las minorías, a una representación equitativa.
4.
La premura no suele ser buena compañera en procesos de cambio constitucional. Empero, apoyados en la sobrerrepresentación obtenida, la mayoría gobernante decidió acelerar los cambios constitucionales para reorganizar y subordinar el Poder Judicial, desaparecer diversos órganos autónomos y regulatorios con excepción del Banco de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militarizar la Guardia Nacional y ampliar la prisión preventiva oficiosa, no obstante la declaratoria internacional de ser violatoria de derechos humanos, entre otros de los varios cambios constitucionales contenidos en el Plan “C”.
5.
De ahí que el VI Informe, como en otros tiempos de incertidumbre, refleja la discrepancia entre lo que se dice haber realizado y lo que está sucediendo. El mercado refleja pérdida de confianza, el otrora superpeso pierde terreno, la inflación crece y las inversiones se detienen; la economía, al igual que las relaciones con Estados Unidos y Canadá, está en una pausa por temores de incumplimiento de garantías mutuas asumidas en los tratados internacionales y el Acuerdo Comercial trilateral; el crecimiento promedio sexenal de 0.8% es el más bajo en 30 años y, peor aún, un crecimiento del ingreso per cápita de sólo 0.5%, revela el grado de compresión de las clases medias y el deterioro del ingreso, no obstante se festine el incremento al salario mínimo y, como no sucedía desde hace mucho tiempo, en las calles crece la inseguridad y marchan ciudadanos, trabajadores y jueces descontentos con los cambios que habrán de afectarles. No había por qué, pero pareciera que estamos entrando en una transición turbulenta del gobierno.
