1.
Distraídos como andamos con tanto drama, hemos prestado poca atención al deterioro paulatino de las expectativas económicas al cierre del sexenio. Definitivamente, la incertidumbre política tiene un costo y aun cuando la transición de gobierno pareciera ser demasiado tersa, en realidad ha generado temores en los mercados por perfilar un gobierno sin cortapisas ni contrapesos para evitar excesos o abusos. La prisa por legislar temas profundos, como es la reforma al Poder Judicial, en realidad una virtual defenestración de los jueces, al que pudieran seguir pronto la desaparición de varios órganos autónomos y una reforma electoral que devolvería el país 50 años atrás, cuando el poder se concentraba en la Presidencia imperial y el pluralismo y libertades políticas eran prácticamente inexistentes, está pasando factura en la credibilidad y confianza en el país. En los mercados, dicen, la primera víctima ha sido el superpeso, que ante el acoso al Poder Judicial dejó de serlo y ha vuelto a reflejar, como antaño, los temores sobre la estabilidad o volatilidad en México.
2.
Después, ha seguido la expectativa de crecimiento económico del país, que ha caído en torno al 2% este año y algo menos para el próximo, no obstante la excelente oportunidad que la relocalización mundial de cadenas productivas podría significarnos (el famoso nearshoring) así como nuestra pertenencia al acuerdo comercial más atractivo del mundo, el de América del Norte. Que el país crezca no es un asunto de ideología o de criterios de medición. Es una realidad que al crecer, también lo hacen el empleo, la recaudación fiscal y la inversión. Sin crecimiento, el pastel se va haciendo más chico conforme la población y las necesidades se hacen más grandes. Agréguele el crecimiento de la deuda y en la planeación del presupuesto del año próximo, al disminuir los ingresos posibles, deberá incrementarse el recorte al gasto o sacrificar las expectativas o ambas cosas a la vez. Lo cierto es que la economía se está desacelerando y no debería estar sucediendo.
3.
Otros indicadores también reflejan una situación compleja. La inflación, considerada el impuesto más injusto y regresivo que pudiéramos imaginar, no cede y ha vuelto a acelerarse, yendo al 6%, cuando debiera ir hacia el 3%, según las mediciones promedio del Inegi. Sin embargo, la inflación real, la de todos los días, la que viven los ciudadanos en el bolsillo, es mucho mayor, del 11% cuando menos, reflejando distorsiones de precios realmente preocupantes, pues los productos agropecuarios han subido en promedio el 50%, así como la gasolina y el gas lo han hecho en 25% en el último año.
4.
La estrategia monetarista del Banco de México para controlar la inflación al situar en 11% la tasa de referencia, hace poco por controlarla, incentivando en cambio el flujo de capitales especulativos, pues pagamos al exterior hasta seis puntos más respecto de similar tasa de la FED. Las tasas altas provocan el encarecimiento de otros bienes intermedios, como los automóviles o los electrodomésticos, así como la vivienda, cuyo financiamiento es realmente imposible para una familia promedio en el país. También lo es el acceso al crédito, como pueden constatarlo los productores del campo, abandonados tras liquidarse la Financiera Rural sin que a la banca comercial le interesen los agrocréditos.
5.
Si la expectativa inmediata es la de continuar y profundizar el desmantelamiento institucional, sobre todo reconcentrar el poder, subordinar la división de poderes y el federalismo y acabar con los contrapesos existentes en organismos autónomos y órganos reguladores, es muy posible que los indicadores continúen deteriorándose y sigamos pagando un alto precio por la reconstrucción del sistema de partido hegemónico como hace 50 años, con inestabilidad monetaria, alta inflación, problemas presupuestarios y crédito inaccesible. ¿El ajuste silencioso será la transición ofrecida?
