El pasado 5 de febrero, el titular del Poder Ejecutivo Federal; en el marco del 107 aniversario del a promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien hacer la presentación de varias iniciativas, entre ellas una que implicará la segunda reforma de gran calado en materia de seguridad y justicia, la primera ha sido referida en ocasiones anteriores en este espacio y fue la de la modificación al sistema penal adversarial de 2008, y la segunda, la del Poder Judicial Federal; habrá seguramente comparaciones con la reforma de los 90’s, sin embargo, habrá que ver cuáles son las bondades de esta reforma y qué consecuencias o implicaciones tiene; por ello les pido veamos más allá de lo evidente.
La reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido abordada desde solo una arista, la propuesta es que los integrantes del Poder Judicial Federal y los locales deberán ser electos por voto popular, dicho sea de paso, en curso están foros de parlamento abierto, el primer ejercicio fue en la Cámara de Diputados, al que el pasado jueves 27 de junio acudieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y participaron con diversos matices.
Lo cierto es que el Poder Judicial ni a nivel federal ni local es cercano a la ciudadanía; en un país de 130 millones de habitantes, sólo el 20% sabe un poco de lo que hace este poder o considera que ha sido beneficiado por alguna acción o resolución jurisdiccional. Es decir, en términos de percepción ciudadana, ve muy lejana a la SCJN y muy pocos saben de su organización, función y situación actual. Lo cierto es que con independencia de lo que se sabe y se ve, la reforma al Poder Judicial tiene otras posibles implicaciones.
Modifica reglas del proceso de amparo, pues obliga a que se resuelva más rápido cualquier juicio de esta naturaleza, es decir, busca que la justicia sea pronta y expedita, pues refiere, por ejemplo, que en materia penal un amparo sea resuelto en máximo un año; al día de hoy se sabe que hay juicios que han resuelto en varios años.
· Se deberán alinear las estructuras de las fiscalías generales de justicia y quizá el siguiente paso será que los fiscales sean electos; lo cierto es que ambas instituciones (Poder Judicial y fiscalías) deberán de analizar su organización.
· Las policías en los tres niveles de gobierno como primeros respondientes y de investigación, deberán de ser capacitadas para privilegiar la justicia cívica y buscar se despresurice tanto el ministerio público como el poder judicial.
Lo anterior es parte de lo que considero debemos analizar, de forma y fondo más allá de lo evidente, la reforma no sólo será elegir a los jueces, magistrados y ministros, ello repercute en la organización de otras instituciones; seguramente tanto las conferencias nacionales de seguridad, procuración de justicia y de los poderes judiciales, deberían de buscar homologar estructuras, presupuestos, capacitación al interior de sus instituciones, etc. Para opinar de todo ello debemos de leer de manera integral los proyectos de las leyes que se discutirán en el legislativo.
Nota al pie de página:
Excelente señal dio Clara Brugada Molina, virtual Jefa de Gobierno electa, al acudir con la senadora electa y futura consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, a solidarizarse en el festejo de la marcha del orgullo de la comunidad LGBTQ+ el sábado pasado en Paseo de la Reforma en la capital del país que, sobra decir, es muy progresista, innovadora y de derechos.