El pasado 15 de septiembre se publicó la modificación constitucional al Poder Judicial. Sin embargo, hasta ahora, no se ha presentado un plan de acción gubernamental que permita observar cómo se llevará a buen puerto una modificación como la aprobada, sin mermar irremediablemente la independencia e imparcialidad de jueces, magistrados y ministros. Quizás por ello continuamos viendo discursos, marchas, paros, columnas y publicaciones en redes sociales que anuncian un inminente desastre en la impartición de justicia e, incluso, atisbos del inicio de un régimen autoritario. Quizás por ello crece la pretensión (legítima, a mi juicio) de impugnar la modificación, a pesar de todos los obstáculos que habría que superar para llevar eso a buen puerto (abandono del precedente vigente de la Corte, declaración de inconstitucionalidad, improcedencia legal del amparo en contra de modificaciones constitucionales, articulación de mecanismos que garanticen la eficacia de eventuales decisiones favorables frente al desacato y la presión política de rigor).
Quizás por ello la sensación de caos se apodera de este ecosistema. En tiempos de caos, los sectores sociales y empresariales demandan certidumbre o, al menos, una noción incipiente de hacia dónde soplarán los vientos y cómo acomodar las velas. Por ello, a continuación, realizo breves reflexiones iniciales sobre lo que podemos esperar en el corto y mediano plazo y sobre la responsabilidad que podemos asumir en esas situaciones.
Se anticipa un deterioro en la impartición de justicia cotidiana (que difícilmente será remediado en la justicia federal) debido a la politización de los juzgadores. En este contexto, es responsabilidad del sector privado considerar la mediación y el arbitraje en sus contratos civiles y mercantiles, para garantizar que sus disputas sean resueltas por perfiles adecuados y confiables. Si bien, en última instancia, la eficacia de los laudos y transacciones dependerá de la jurisdicción politizada, lo cierto es que el tramo de contacto se reduce considerablemente. También se anticipa un escenario de proteccionismo y de un piso no parejo en favor de empresas estatales en diversos mercados, junto con una reducción de la eficacia del amparo frente a la arbitrariedad gubernamental debido a la politización de la judicatura federal. Ante ello, las empresas con inversión extranjera pueden asumir la responsabilidad de revisar sus estructuras corporativas de tal manera que, en caso de medidas discriminatorias, expropiatorias o cuasi expropiatorias, puedan invocar la protección de los tratados de libre comercio o de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Como la inversión nacional no tendrá esta alternativa, para ellas procede fortalecer los equipos de cabildeo para prevenir, en lo posible, la mala regulación y tener que acudir a los tribunales.
Así, se anticipa un aumento en la arbitrariedad de las decisiones jurisdiccionales, derivado de compromisos políticos de los juzgadores electos y de las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial (TDC), que son tan discrecionales que propician la presión a juzgadores.
En este escenario, los abogados podemos (1) asumir la responsabilidad de diseñar salvaguardas consistentes con el texto constitucional, que propicien capacidad técnica, independencia e imparcialidad, y proponerlas tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas estatales para su implementación en legislación secundaria: en el mediano plazo podremos contrastar el desempeño judicial de las jurisdicciones politizadas con el de aquellas que trataron de mantener una judicatura capaz y lejana a presiones; (2) hacernos responsables de vigilar los perfiles de los candidatos a puestos del Poder Judicial y transparentar las conclusiones acerca de su idoneidad: después de todo, sobre advertencia no hay engaño, y (3) asumir la responsabilidad de monitorear, criticar y transparentar las sentencias que emitan los nuevos juzgadores, comenzando con el TDC: como dijo Kofi Annan, “si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”.
Y, sobre todo, la ciudadanía puede asumir la responsabilidad de seguir pidiendo amparo y protección, incluso si no se confía en la eventual capacidad técnica de los nuevos juzgadores o en su capacidad de actuar de manera independiente e imparcial, pues en última instancia las sentencias serán el insumo que se requiere para exigir en el futuro un mejor sistema de justicia. Si aspiramos a una sociedad civilizada, no podemos darnos el lujo de tirar la toalla y dejar pasar la arbitrariedad, pues eso propicia el círculo vicioso que comienza con el abuso de poder y la percepción de impunidad.
En definitiva: ¿qué nos hace mejores ciudadanos? ¿Asumir la responsabilidad que podemos abrazar o limitarnos a tirar culpas? Tú decides.
