Recientemente, las calificadoras, organismos internacionales y diversos países han señalado un entorno global marcado por el bajo crecimiento y una creciente incertidumbre que, inevitablemente, afecta a México. A esta situación se suman los múltiples cambios que estamos experimentando en los ámbitos político, económico y social, lo que contribuye a acentuar la percepción de incertidumbre en nuestro país.
En este contexto, la situación de las finanzas públicas emerge como un factor determinante que añade complejidad al escenario. La nueva administración federal enfrentará una serie de retos y dilemas relacionados con la necesidad de incrementar los ingresos públicos; la distribución del gasto que definirá las prioridades gubernamentales; y el manejo de una deuda que muestra signos de un posible crecimiento acelerado.
En esta columna, abordo algunos de los principales aspectos que rodean las finanzas públicas y que tendrán un papel crucial en los próximos años.
En primer lugar, debemos hablar sobre los ingresos públicos, que han mostrado una tendencia de estancamiento en los últimos años. Incluso la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta que esta tendencia continuará. La pregunta es: ¿cómo es posible que, pese a las mejoras administrativas en el SAT y al incremento en la recaudación, especialmente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), no se refleje un crecimiento sostenido? La respuesta radica en la disminución de la renta petrolera, que durante los últimos cinco años se ha visto afectada principalmente por reducciones en el Derecho de Utilidad Compartida (DUC). Esto ha debilitado una fuente tradicionalmente fundamental para las finanzas públicas del país.
El segundo aspecto relevante es el tema del endeudamiento. El presupuesto de 2024 estima un endeudamiento equivalente al 5.9% del PIB, con la promesa de reducirlo a la mitad para 2025. Sin embargo, desde la presentación del Paquete Económico 2024, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha señalado que el déficit, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), es considerablemente alto, alcanzando un nivel que no se había registrado en los últimos 15 años. Esta situación evidencia la limitada capacidad del gobierno para generar los ingresos necesarios que permitan cubrir sus compromisos de gasto, incluidos aquellos que garantizan los derechos de la ciudadanía en su conjunto.
El tercer punto de análisis es la necesidad de reducir el déficit fiscal, un proceso conocido como consolidación fiscal. Para lograrlo, se requiere necesariamente aumentar los ingresos o disminuir los gastos. Sin embargo, el panorama para 2025 se presenta complicado, ya que la administración saliente mantuvo una postura reacia para implementar una reforma fiscal integral. Al mismo tiempo, sigue impulsando nuevas reformas y programas sociales que demandan recursos adicionales, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad financiera de estas iniciativas sin una fuente de ingresos clara y suficiente.
El cuarto aspecto se refiere a los ajustes en el gasto público y los riesgos asociados. En un entorno de presupuesto limitado y con cada vez menos espacio fiscal, cualquier incremento en el gasto destinado a transferencias sociales requerirá recortes en otras áreas cruciales como infraestructura, salud, educación, seguridad, cambio climático y atención a la primera infancia. Estos son rubros que, si no se atienden de manera adecuada, podrían generar consecuencias negativas a mediano y largo plazo, y es preocupante que estas implicaciones no estén siendo consideradas con la debida seriedad por quienes toman las decisiones.
Por último, el quinto punto es la necesidad de que la presidenta entrante, que será la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de México, ponga sobre la mesa e implemente de manera amplia y efectiva políticas fiscales con perspectiva de género y feminista. No basta con que este enfoque se mencione en los discursos; es imperativo que se traduzca en resultados concretos y evidencias que demuestren su impacto en la vida de las mujeres y en la reducción de las desigualdades estructurales.
En conclusión, los desafíos para la próxima administración son numerosos, mientras que los recursos, tanto financieros como de tiempo, son limitados. La primera presidenta de México debe estar plenamente consciente de la magnitud de estos retos y, a partir del 1 de octubre de 2024, esperamos que tome las riendas con determinación para atenderlos de manera efectiva y así lograr que el país avance hacia una mayor estabilidad y equidad fiscal.
