En los últimos años hemos observado cómo los países sufren cada vez más las consecuencias del cambio climático. Una de estas consecuencias es la alteración del ciclo hidrológico, generada por el aumento de las temperaturas en el verano, la reducción de las precipitaciones y el incremento de la evapotranspiración.
México no es la excepción, pues la crisis hídrica se agravará. Se prevé que a mediano y largo plazo, se presente un aumento en el estrés hídrico en el norte y centro del país, así como una reducción del 45% de las precipitaciones en el norte y 25% en el sur.
Ante su constitucionalidad e importancia en el desarrollo económico, la salud pública y el bienestar social, la gestión de este recurso se presenta como un desafío necesario y urgente para reducir las brechas de desigualdad y asegurar un futuro sostenible para las siguientes generaciones.
Actualmente, en el país, el agua es usada principalmente por el sector agrícola en un 76.3%. Del total del consumo de este sector, los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas hicieron uso del 34.8%. Por su parte, el abastecimiento público fue responsable del 14.8% del consumo, la industria 4.8% y la generación de energía eléctrica 4.1%.
El consumo de agua entre 2010 y 2022 presentó un incremento del 12.5%. El sector agrícola lo hizo en un 11.7%, mientras que el abastecimiento público aumentó un 18.8%. Por su parte, la industria de autoabastecimiento registró un crecimiento del 27.3% y el sector energético una disminución del 12.1%.
Por otra parte, el acceso a este recurso aún no se universaliza. En 2022, el 93.1% de los hogares mexicanos tenía acceso al agua. Sin embargo, en la población de menores ingresos (deciles I y II), se registraron tasas de cobertura del 81.9% y 88.9%, respectivamente, mientras que en los de mayores ingresos (deciles IX y X) se presentaron coberturas cercanas al 100%. Este hecho evidencia las brechas de desigualdad en el acceso al agua.
Ante tales circunstancias, la gestión hídrica se enfrenta a una policrisis, debido a las diferencias y complejidades de cada región. De manera que, una adecuada gestión tendrá que evitar la focalización de la solución en un único aspecto. Además, se deberá tomar en cuenta tanto la oferta como la demanda de agua, bajo las condiciones que traerá el cambio climático.
Adicionalmente, es esencial un plan de largo plazo que supere las limitaciones sexenales, en el que se considere una cartera de proyectos que optimicen este recurso y que garanticen el beneficio a los hogares de regiones con dificultades de acceso y a los diversos sectores económicos. Ante esto, las asociaciones público-privadas representan una oportunidad de participación que permitiría complementar los esfuerzos públicos para mejorar el acceso a este recurso. Finalmente, pero no menos importante, es vital la recuperación de los ecosistemas, ya que estos tienen resultados en el corto plazo.
El documento “Mesa académica sobre políticas públicas de agua con enfoque de igualdad y sostenibilidad fiscal en México, 2024-2030" nos presenta un panorama de los desafíos y oportunidades que enfrenta México en términos de gestión hídrica.
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