La transición demográfica es un fenómeno que no debe pasar desapercibido, pues tiene impactos directos en las personas y las familias, así como implicaciones importantes en la economía, las finanzas públicas y las políticas públicas.
Año con año, la proporción de adultos mayores crece sin pausa, mientras que la de niñas, niños y jóvenes va en descenso. Esto sucede, principalmente por dos razones, el aumento en la esperanza de vida y la caída en el número promedio de hijos que tenemos las mujeres en edad reproductiva, cifra que ha caído en tres años de 2.1 a 1.7.
De acuerdo con las proyecciones de Conapo, en México, en 2024 existen 11.2 millones de personas adultas mayores de 65 años, de las cuales 54% son mujeres. Para 2025, esta población crecerá en 500 mil personas, manteniendo la proporción entre mujeres y hombres.
Este grupo poblacional ha representado históricamente una preocupación constante por su vulnerabilidad. En la edad adulta mayor, muchas personas pierden sus fuentes de ingreso y, al no estar protegidos por la seguridad social, caen en situación de pobreza. Es por esta razón que desde inicios del siglo se han implementado políticas de pensiones sociales o no contributivas para poder paliar esta situación.
Los ingresos de los adultos mayores provienen de dos fuentes principales: trabajo y pensiones. En cuanto al ingreso por pensiones, la ENIGH 2022 mostró que de todas las personas que reportan recibir una pensión contributiva, 88% de los pensionados y 79% de las pensionadas son personas mayores a 64 años. Mientras que aproximadamente el 95% de todos los adultos mayores de 65 años reciben la pensión no contributiva (PBAM).
Muy probablemente, la implementación de la PBAM ha tenido impactos en la caída de la pobreza en la población adulta mayor, ya que, en 2022, Coneval reportó que la proporción de personas mayores de 65 años en situación de pobreza disminuyó de 43.2% a 31.1%, mientras que aquella pobreza extrema pasó de 8.8% a 4.8%.
Por otro lado, con las modificaciones al sistema de salud realizadas desde 2018, se observa un aumento del 9.7% a 29.4% en la carencia por acceso a servicios de salud de la población adulta mayor. Esto pone en riesgo la suficiencia de la pensión recibida, pues han tenido que pagar de su bolsillo la atención médica.
También en la ENIGH 2022 se puede observar que del total de personas con una pensión contributiva, 42% son mujeres. Sin embargo, 40% de ellas son viudas, lo que podría indicar que reciben la pensión por esta situación y no por haber participado en el mercado laboral formal, es decir, por haber cotizado y ahorrado para su pensión.
La cobertura del sistema de pensiones es heterogénea y muestra los problemas estructurales del mercado de trabajo y de las brechas de género, lo que reproduce y profundiza las desigualdades.
En 2024 se destinarán 1.99 billones de pesos para financiar todas las pensiones, contributivas y no contributivas, sin una fuente de financiamiento estable y sostenible. Además, es uno de los gastos ineludibles que ejerce presión a las finanzas públicas, sobre todo en el marco de consolidación fiscal que debemos enfrentar en 2025.