La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el partido en el gobierno ha suscitado creciente preocupación entre los defensores del Estado de derecho y la independencia judicial en México. El proyecto de dictamen, circulado el pasado viernes, confirma los temores de que esta iniciativa presidencial no busca fortalecer el acceso a la justicia, sino debilitar al Poder Judicial en favor de intereses políticos. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de la justicia en un país donde la confianza en las instituciones es ya frágil.
Inconsistencias y favoritismos
Resulta alarmante que, mientras se propone ampliar el mandato de los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no se respete el periodo para el cual fueron designados los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esta falta de consistencia y respeto a los procesos establecidos siembra dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de la reforma. El hecho de que se busque mantener a ciertos magistrados en sus cargos, mientras se alteran las reglas para otros, evidencia un claro favoritismo que socava la legitimidad del Poder Judicial y plantea serias cuestiones sobre la imparcialidad de la justicia.
Una reforma necesaria, pero mal enfocada
Nadie duda de que el Poder Judicial necesita una reforma profunda para combatir la corrupción y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Sin embargo, la solución propuesta por Morena, que incluye la elección popular de jueces y magistrados, no parece ser la respuesta adecuada. En un país con una larga historia de problemas en la impartición de justicia, especialmente para los más vulnerables, el problema no radica necesariamente en el mecanismo de designación de los juzgadores, sino en la falta de recursos, capacitación y en la cultura de la impunidad que permea el sistema.
Puntos clave de la propuesta
- Eliminación de la edad mínima de 35 años para ser juzgador, lo que podría llevar a la designación de personas sin la experiencia necesaria.
- Reducción de los requisitos de experiencia y promedio académico, abriendo la puerta a la designación de individuos con poca trayectoria en el derecho, terminando con la carrera judicial.
- Creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que podría convertirse en un peligroso mecanismo de control sobre los juzgadores, poniendo en riesgo la independencia judicial.
- Uso de tómbolas para seleccionar candidatos y decidir renovaciones, introduciendo un elemento de azar y falta de transparencia en un proceso que debería ser riguroso, violando los derechos de las personas calificadas que vienen de carrera judicial.
- Favoritismo hacia los actuales magistrados electorales, que verían ampliado su mandato y eliminados los impedimentos para acceder a otros cargos, lo que refuerza la percepción de un sistema judicial manipulado.
Un llamado a la reflexión
La reforma judicial propuesta por Morena y sus aliados representa un retroceso peligroso para la democracia mexicana. Lejos de fortalecer la impartición de justicia, esta iniciativa busca concentrar el poder en manos del gobierno, debilitando los contrapesos institucionales y generando una preocupante inseguridad jurídica. La independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia, ya que permite que los jueces tomen decisiones basadas en la ley y no en presiones políticas. La politización de la justicia y la centralización del poder representan un retroceso que no podemos permitir. Al elegir a los jueces mediante votación, se corre el riesgo de que estos se conviertan en figuras populistas, más preocupadas por mantener su popularidad que por aplicar la ley de manera justa. Esto compromete la calidad de la justicia y erosiona la confianza del público en un sistema que debería ser imparcial y equitativo.
Es momento de actuar y defender la autonomía de nuestro Poder Judicial, asegurando que siga siendo un estandarte de la legalidad y la equidad en México. La democracia no se fortalece a través de reformas que buscan controlar el poder judicial, sino mediante la defensa de su autonomía y la promoción de un verdadero estado de derecho.
Esta reforma se presenta en un contexto de creciente polarización política y social en el país. La falta de un debate serio y la imposición de una agenda legislativa por parte del gobierno actual son señales preocupantes de un intento por consolidar el poder en detrimento de los contrapesos institucionales. La historia nos ha enseñado que la concentración de poder en manos de un solo grupo político puede llevar a abusos y a la erosión de los derechos fundamentales.
Por ello, es crucial que todos los sectores de la sociedad se unan para exigir un sistema judicial que realmente garantice justicia, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. La lucha por una justicia independiente y efectiva es, en última instancia, una lucha por la democracia misma.