La Reforma Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ya está en comisiones de la Cámara de Diputados, contiene elementos que harían a un lado un punto nodal en la formación de cuadros especializados en materia jurisdiccional: la llamada carrera judicial.
Hablamos del sistema que regula los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas con funciones jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), con base en los méritos y la igualdad de oportunidades.
La carrera judicial se funda en la propia Constitución y en los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculada a la obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia para todas las personas.
En 1994, se llevó a cabo una de las reformas más importantes al PJF; entonces, se instauró el sistema de carrera judicial, como una garantía de las personas para contar con tribunales profesionales, imparciales y con juzgadores seleccionados por métodos objetivos, transparentes y equitativos.
Posteriormente, en 2021, el PJF experimentó otra reforma, de la que derivaron cambios normativos e institucionales importantes. La carrera judicial fue puesta al centro de la reforma para ser regulada por una Ley específica en la materia, y se instauró la Escuela Federal de Formación Judicial como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), como institución encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal del PJF, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial.
Ahora, la propuesta de Reforma Judicial plantea cambios que podrían comprometer seriamente la independencia del Poder Judicial, pues ésta no se limita a la elección por voto popular de las y los ministros, sino de toda la estructura judicial. En términos efectivos, se propone destruir 30 años de carrera judicial y realizar la mayor purga judicial de la historia de México.
Otro aspecto preocupante es la elección por voto popular de los consejeros que encabezarán el denominado Tribunal de Disciplina Judicial. Esto podría socavar la imparcialidad y eficacia del órgano encargado de supervisar y controlar al Poder Judicial.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal desempeña funciones de vigilancia y control que, si bien necesitan ser perfeccionadas, corren el riesgo de verse seriamente afectadas por la propuesta presidencial. La inclusión de personas sin experiencia en la administración del Poder Judicial podría abrir brechas que favorezcan la corrupción, el nepotismo y aumenten la ineficiencia en la gestión de los recursos humanos y materiales.
Si bien, las familias mexicanas merecen una mejor calidad de justicia, la Reforma Judicial que analiza el Congreso acarrearía diversos efectos negativos que significarán un franco retroceso en la justicia jurisdiccional, como la eliminación de la carrera judicial, el impedimento de la especialización de jueces en materias diversas como el derecho financiero, telecomunicaciones y fiscal, entre otras; violación a los derechos laborales adquiridos por los servidores adscritos al Poder Judicial, y la politización en las designaciones violentando la independencia judicial, ya que el juez ganador tendría que quedar bien con el poder que lo propuso y con quienes lo votaron.
Eso es lo que está en juego y llevó a las trabajadoras y trabajadores del PJF a iniciar un paro indefinido de labores en defensa de su trabajo y derechos adquiridos. México se encuentra en un punto de no retorno, donde la división de poderes y su independencia está en entredicho.
