La inminente adquisición de la terminal petrolífera “Servitux” por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) representa un peligroso precedente de despilfarro y negligencia ambiental que no podemos ignorar. Esta transacción, valorada en más de 320 millones de dólares, arrastra consigo una larga historia de fallos estructurales, mala administración y daños irreparables al medio ambiente, lo que levanta banderas rojas sobre su viabilidad y el costo para los mexicanos.
La terminal fue clausurada en 2021 debido a las graves anomalías en su infraestructura. A pesar de esta clara advertencia, Pemex, bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, continúa negociando su adquisición, ignorando dictámenes ambientales que advierten del impacto devastador que tendría sobre la flora, fauna y el suministro de agua en la región de Tuxpan. Es evidente que la reactivación de “Servitux” comprometerá uno de los recursos más valiosos y escasos: el agua potable.
Por este motivo, a Pemex, en especial para su próximo titular, Víctor Rodríguez Padilla, le dejarían como un precedente descomunal un despilfarro de recursos públicos y varias acciones en contra de derechos humanos. “Estamos hablando de una pérdida de millones de dólares en una estructura petrolera que no está operativa”, denunciaron los colectivos Grupo Integral de Derechos Humanos y Justicia Transversal Mexicana.
Ambas organizaciones no gubernamentales han alertado a la próxima titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la irresponsabilidad de este gasto, señalando que estamos ante un escenario de despilfarro millonario que desangrará aún más las finanzas públicas. Las denuncias presentadas por estos colectivos no solo exponen las graves consecuencias ambientales de esta compra, sino también la opacidad en las negociaciones, donde los vínculos políticos y los conflictos de interés generan sospechas.
La operación ilegal de la terminal, incluso después de su primera clausura, es un indicio claro de las irregularidades que rodean esta transacción. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Por qué Pemex, una empresa que ya enfrenta una crisis financiera y operativa, está dispuesta a comprometer recursos en una instalación inoperante y plagada de problemas legales?
La compra de “Servitux” no solo es innecesaria, sino peligrosa para el país. Si Pemex continúa adelante con esta transacción, no solo se estará apostando el dinero de los contribuyentes, sino que se pondrá en riesgo el medio ambiente y la vida de miles de personas. Es momento de frenar esta operación antes de que sea demasiado tarde.
En Cortito: En medio del desgobierno y la peor crisis de inseguridad que vive Morelos, se abrió una ventana de entendimiento entre la gobernadora electa de Morena, Margarita González Saravia, con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
La semana pasada en la capital del estado se realizó la XI Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que tuvo un buen efecto mediático, después de que la mandataria morelense acudió a su clausura, precisamente a unos días antes de asumir la gubernatura.
La imagen de Margarita González Saravia con José Luis Urióstegui Salgado tiene una buena lectura política, ya que ambos representan los liderazgos puros tanto de la oposición como del partido en el gobierno (Morena).
En especial, porque habla de que ambos políticos podrían abrir un escenario de diálogo que permita sacar de la crisis de gobernabilidad e inseguridad pública a la entidad.
Hay que resaltar este entendimiento de ambos morelenses, ya que antes y durante la administración del exfutbolista, no existió una oportunidad de cooperación real con presidentes municipales de la entidad, ya que el gobierno del estado culpó a la mayoría de ellos de ser los responsables de los hechos violentos que ocurren en sus comunidades.
Los números que deja el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en Morelos son de terror, ya que suman, desde el momento que asumió la gubernatura, más de seis mil homicidios violentos, esto según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tales cifras hablan del rotundo fracaso en su política de seguridad pública, así como de la equivocada decisión de poner al frente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública a José Antonio Ortiz Guarneros, quien al igual que su jefe culpó a otros de la ola de violencia y muerte en Morelos.
Por esta y demás razones, hay que resaltar el acercamiento natural que existe entre la gobernadora electa, Margarita González Saravia, con el alcalde de Cuernavaca, José Lui