El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no se hunde solo en su desprestigio ante la sociedad, también se lleva de la mano al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, quien es señalado por diferentes actores como protector del exfutbolista, quien le advierte al mandatario y a su familia cuando existe algún asunto legal en su contra.
En ese tema nos centraremos en otro En Corto, pero en esta ocasión le hablaré de un caso en particular, que por el manejo que le dio en su momento el magistrado presidente del TSJ, metió en un escándalo mediático a toda la institución, violando por completo su responsabilidad de velar por las víctimas de un delito.
Todo parece indicar que a los medios de información locales, así como a los corresponsales nacionales, les pasó de noche que la juez federal, Ana Columba Contreras Martínez, ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Morelos revisar el fallo que justificó la liberación del presunto secuestrador y homicida Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”.
Le estoy hablando del presunto responsable de la muerte de los jóvenes Noemí Guadalupe Arias Sosa, Luis Enrique García Díaz y Luis Javier García Díaz, que eran trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública y desaparecieron en abril de 2023 en Tres Marías, días después sus cuerpos fueron encontrados en el municipio de Huitzilac.
El asunto fue un escándalo político y mediático en el estado, debido al involucramiento de funcionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo para evitar por todos los medios que el presunto autor material pisará la cárcel, para lo cual hicieron uso del propio presidente del Tribunal.
En primera instancia, la Fiscalía de Morelos logró la detención de Luis Alberto “N”, alias “El Diablo” y lo presentó ante un juez como presunto responsable del feminicidio y el doble homicidio de los jóvenes, incluso, en la primera audiencia consiguió su vinculación a proceso. Sin embargo, días después, la juez Alejandra Trejo Reséndiz ordenó su pronta liberación, bajo el argumento de haberse violentado su proceso.
Quizá el caso se hubiera quedado ahí, pero tomó relevancia, cuando el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, salió a los medios de comunicación a acusar a la Fiscalía de Morelos, de no aportar las pruebas suficientes para que “El Diablo” fuera a la cárcel por la muerte de los tres jóvenes.
El escándalo subió de intensidad en julio de 2023, cuando el magistrado del TSJ, Carlos Iván Arenas Ángeles, presentó una denuncia penal contra su jefe, Luis Jorge Gamboa Olea, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque dijo, lo presionó para que votará en favor de la resolución de la juez Alejandra Trejo Reséndiz de ordenar la liberación de Luis Alberto “N”.
El magistrado reveló que Gamboa Olea lo llamó a su oficina para insistirle en que era un tema prioritario para la Mesa de Construcción para la Paz y Seguridad en el que el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, le pidió apoyo por ser “un tema complicado”. Como era de esperarse, el presidente del TSJ negó cada una de estas acusaciones.
Sin embargo, lo que se ve no se juzga y apenas en junio pasado, en un hecho histórico, la mayoría de los magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, al iniciar su sesión, decidieron no reconocer a Luis Jorge Gamboa Olea como su presidente se levantaron, tomaron su toga y se retiraron del lugar, evitando con ello la conformación del quórum.
La decisión del un tribunal federal que revocó el auto de no vinculación a proceso penal a favor de “El Diablo”, y ordenó su vinculación a proceso penal por los delitos de homicidio y feminicidio de los tres jóvenes, nos revela que algo oscuro está pasando en el Tribunal de Justicia morelense y con su presidente que está dejando a la institución en el desprestigio total, así como Cuauhtémoc Blanco Bravo lo hace al entregar una gubernatura bañada en sangre a la próxima gobernadora Margarita González Saravia.
En Cortito: En más de temas judiciales, nos cuentan que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández no tiene ninguna duda: ha estado y seguirá en su encomienda como titular del Poder Judicial, de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Sigue en diálogo con los poderes Legislativo y Ejecutivo.