Hablar de medio ambiente en México es hablar de urbes con aire tóxico que matan a 9 mil 300 personas al año, de acuíferos donde la sobreexplotación ha ido en aumento ya que en 1975 había 32 acuíferos en esta condición; en 2004 eran 104 y en 2019 eran 157. De una tasa anual de deforestación que nos coloca en los primeros lugares del mundo con un promedio de 75,000 ha/año, de migraciones en masa por crisis climática y en general, de la pérdida de los medios de vida necesarios para sostener a una sociedad de manera digna, sana y feliz.
Si los datos ambientales no convencen, vale la pena analizar los económicos arrojados por el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2022, publicados apenas en diciembre de 2023 (Inegi):
En 2022, los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) ascendieron a 1.2 billones de pesos corrientes, que equivalen a 4.1 % del PIB nacional a precios de mercado.
Los mayores costos ambientales fueron los relacionados con las emisiones al aire, que generan un impacto equivalente a 2.5 % del PIB; la degradación del suelo, con 0.5 % y los residuos sólidos urbanos, con 0.4 por ciento. El resto de los componentes se integraron por el agotamiento de hidrocarburos, el agotamiento de agua subterránea, las descargas de aguas residuales no tratadas y por los costos del agotamiento de recursos forestales.
Estimaciones en algunos estudios muestran que los costos del Cambio Climático para México podrían representar al menos 6.9% del PIB para 2050 y 18.4% en 2100 (L. M. Galindo 2011).
Ante el complejo escenario, resulta esencial hacer un análisis de la acciones que se han llevado a cabo en nuestro país en materia de política pública en las últimas décadas.
En 2022, los gastos en protección ambiental totales del sector público fueron de 0.2 billones de pesos, lo que equivalió a 0.7 % del PIB nacional, monto que descendió al .2% en el presupuesto aprobado para 2024.
Si bien el marco regulatorio ambiental es bastante completo, recordemos que el éxito de su aplicación depende enteramente de las instituciones ambientales de nuestro país y es aquí donde el escenario es sumamente preocupante:
El presupuesto destinado al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales para 2024 es de 70,245.5 millones de pesos, lo que representa una reducción de más del 11.4% en términos reales comparado con el 2023. Además, según la Dra. Ariana Escalante Kantún Investigadora en el Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, las prioridades del gasto público de 2024 que están relacionadas con el desarrollo del modelo fósil significará el 12.5% del gasto neto total, y es 63 veces superior al presupuesto para proteger el medio ambiente.
Las prioridades del gobierno se miden por la asignación de presupuestos, quedando de manifiesto que definitivamente el sector ambiental en México no ha ocupado los primero lugares desde hace varios años, pese a la sobrada evidencia de los costos económicos reales y la carga que representan en nuestra calidad de vida. Además, es un hecho que el deterioro institucional se refleja directamente en las deficiencias en la protección y conservación de nuestros recursos naturales.
Necesitamos instituciones públicas sanas, fuertes y con presupuesto suficiente para salvaguardar el futuro de los Mexicanos, sus recursos y medios de vida.
