Para seguir hablando de pesos y contrapesos en el marco de reforma al Poder Judicia, pensemos, por ejemplo, en los 78 mil millones aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el órgano este año, en comparación con los 19 mil millones asignados a la Fiscalía General de la República, lo cual muestra claramente el desbalance institucional entre ambos organismos del Estado mexicano. Dicha disparidad contribuye a un sistema de justicia disfuncional que mantiene una tasa de impunidad que oscila en el 92%, incluida la red de protección/impunidad para las y los funcionarios judiciales que sus actuales controles internos han permitido desde la reforma de 1999.
El desbalance se agudiza en privilegios excepcionales para las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegios que ningún otro servidor público del país goza. Cita el primer dictamen de reforma al Poder Judicial: sueldos de 297 mil 403 pesos mensuales; aguinaldos de 586 mil 092 pesos; primas vacacionales de 95 mil 474 pesos; un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos anuales; comedor especial en la Corte con carta de alimentos y bebidas alcohólicas; seguros para autos y casa habitación; atención especial para reservaciones en restaurantes, licencias, visas y otros trámites; seguro de separación individualizado de casi 20 millones de pesos al final de 15 años de servicio; un incremento salarial por estímulo por antigüedad de mil pesos anuales, entre otros.
Lo anterior lo menciono porque no sólo no se sostiene hoy en día, dada la falta de garantía real en el acceso a la justicia que vive a diario la y el ciudadano de a pie, sino también por la falta de una impartición de justicia efectiva que culmine en sentencias justas y equitativas, y en una reparación del daño proporcional para las víctimas.
Además, el velo de impunidad que protege tanto a criminales como a autoridades judiciales ha sido evidenciado en reiterados casos que han salido a la luz pública, así como el hecho tan escandaloso de mantener dichos privilegios en un país como México, con 46.8 millones de personas en situación de pobreza, con 64.7 millones de personas que carecen del acceso a la seguridad social, y 56.1 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, de acuerdo a datos del Coneval de 2022. O sea, ni siquiera los servicios básicos están garantizados para una mayoría de la población.
Y hay quienes defienden dichos privilegios (los ideólogos de la transición, como los llama Viri Ríos) en nombre de lo que llaman la “independencia judicial”. Ojo, también los defiende, lógico, las élites políticas y económicas heredadas del viejo PRI y su sucesor y después socio, el PAN.
El informe de Latinobarómetro 2023 lo señala bien: ¿Quién manda en las democracias latinoamericanas? Mandan el dinero, los personalismos y el poder político. Quien menos manda es el pueblo, que debería ser el soberano. Basta mirar la historia de nuestro país para darnos cuenta del momento político y social que vivimos y del enorme respaldo popular del movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
La percepción de impunidad entre las y los mexicanos respecto al sistema de justicia de nuestro país es una constante. Incluye a las fiscalías, por supuesto, pero también a la puerta giratoria, en la que la responsabilidad es de los poderes judiciales. Tiene que ver con las suspensiones y amparos a Caro Quintero, El Kena, el hijo de El Marro, Cabeza de Vaca y Mario Marín. Lo peor del caso es que podemos seguir enunciando ejemplos así por mucho tiempo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por ejemplo, de acuerdo con la organización de la sociedad civil, Impunidad Cero, en 2023, el 45% de las personas encuestadas considera que el nivel de impunidad en México se ha mantenido, mientras que el 42% percibe que va en aumento. Únicamente el 10% considera que la impunidad disminuyó.
Esta misma tendencia se observa en cuanto a la efectividad del sistema de justicia. La mayoría de las personas (63%) considera que los responsables de un delito son llevados ante juez sólo algunas veces o que el 14% de los jueces liberan a los delincuentes.
Es decir, los delitos no se esclarecen por un sistema de justicia disfuncional que incluye, desde luego, a policías y fiscales, pero que cualquiera pensaría fuera del orbe del país, que con el presupuesto tan impresionante que recibe la Corte, la impartición de justicia es de las mejores del mundo, con un robusto sistema de transparencia y rendición de cuentas que permee en todo el Poder Judicial, una defensoría pública federal sólida y replicada en las defensorías locales que refleja una línea de defensa legal de primer nivel para imputados y víctimas, y desde luego, eficiencia en el trámite de los asuntos, lo cual nada de esto tiene apego en la realidad, en cambio, sólo evidenciamos una generalidad en opacidad y falta de justicia pronta y expedita.
Excesivo tecnicismo en el amparo, ajeno a la realidad social. Así se resume el sistema de justicia en México.