La violencia familiar sigue siendo una de las crisis sociales más graves en México, afectando a un número significativo de familias, particularmente mujeres y menores, y poniendo en evidencia serias fallas en los mecanismos de prevención y justicia. A pesar del andamiaje jurídico y el creciente interés en el fortalecimiento de instituciones dedicadas a la protección de las víctimas, el problema persiste, revelando la necesidad de una respuesta más efectiva y coordinada.
La violencia familiar en México abarca una amplia gama de abusos, incluyendo violencia física, psicológica, sexual y económica. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH), elaborada en 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 70.1% del total de mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, del cual el 39.9% lo ha padecido en el ámbito de pareja.
Las cifras de violencia infantil también son alarmantes, pues el 48% manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia (antes de los 15 años). Estos datos subrayan la urgencia de abordar el problema desde múltiples frentes.
Uno de los principales desafíos es la denuncia de casos. Muchas víctimas de violencia familiar no denuncian los abusos debido al miedo, la vergüenza o la falta de confianza en el sistema de justicia. Además, las barreras vinculadas con estereotipos y prejuicios culturales y sociales contribuyen a que el ciclo de abuso continúe sin interrupción. En muchas comunidades persisten estigmas que minimizan la gravedad de la violencia o responsabilizan a las víctimas, lo que dificulta aún más su acceso a la ayuda necesaria.
A pesar de ello, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y Protección Ciudadana indican una inquietante tendencia al alza con un máximo histórico de 284 mil 203 posibles delitos de violencia a nivel nacional en 2023. En respuesta a esta crisis, el gobierno mexicano ha implementado diversas políticas y programas destinados a fortalecer la protección de las víctimas. Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia han introducido medidas para mejorar la respuesta institucional y ofrecer mayor apoyo a las víctimas. Las autoridades locales también han establecido centros de atención integral, que brindan servicios de apoyo psicológico, legal y social.
Sin embargo, la eficacia de estos esfuerzos ha sido dispar. La falta de coordinación entre las distintas entidades gubernamentales y la insuficiente capacitación de los operadores de justicia (es decir, fiscales, policías y jueces) en perspectiva de género para tratar este tipo de delitos que afectan mayormente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, han limitado el impacto de las reformas y el despliegue de acciones de combate a la violencia de género. Además, el presupuesto destinado a programas de prevención y asistencia a víctimas a menudo resulta limitado para cubrir las necesidades reales de las personas afectadas.
La sociedad civil juega un papel crucial en la lucha contra la violencia familiar. Organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios trabajan incansablemente para sensibilizar a la población, proporcionar recursos y apoyar a las víctimas. Estas iniciativas son fundamentales para complementar los esfuerzos del gobierno y asegurar una respuesta más integral al problema. Doy fe de ello cuando me tocó estar al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que sociedad civil y ministerio público sumaron esfuerzos para capacitar al personal ministerial, denunciar posibles casos de violencia contra las mujeres y reintegrar a la sociedad a víctimas de violencia de género.
Para avanzar en la erradicación de la violencia familiar, es necesario adoptar un enfoque integral. Esto incluye fortalecer los mecanismos de denuncia, mejorar la capacitación de los profesionales que interactúan con las víctimas y asegurar un financiamiento adecuado para los programas de apoyo. Además, se debe promover una mayor sensibilización y educación en las comunidades para cambiar las actitudes que perpetúan la violencia. Educación que debería ser abordada e integrada en los planes de estudio desde nivel básico.
La violencia familiar es una crisis que afecta no sólo a las víctimas directas, sino a toda la sociedad, en la medida que se normaliza y detona la comisión de otros delitos aún más graves, como el abuso infantil y el feminicidio. Para construir un México libre de violencia, es imperativo que todos los sectores gobierno, sociedad civil y comunidad– trabajen de manera conjunta para crear un entorno seguro y de apoyo para quienes sufren abuso. La acción decidida y coordinada es la clave para enfrentar este desafío y ofrecer a las mexicanas y grupos de mayor vulnerabilidad la protección y la garantía de un proyecto de vida sin violencia.
