De acuerdo con el Índice Nacional de Ciberseguridad (NSCI), México ocupa el lugar 26 en el ranking mundial de países con mejores prácticas en esta materia, cuyos principales indicadores se relacionan con la denegación de servicios, brechas en la integridad y confidencialidad de datos. La primera posición la ocupa Polonia con un 90.83%, seguido de Australia con el 87.50% y Estonia con el 85.83%, respecto a estos nuestro país alcanza solo el 38.33%. En esa medida se explica lo apuntado por Fortinet respecto al nivel de ciberataques al que es sujeto en América Latina, ubicándose en el primer puesto con 85 mil millones y con una diferencia casi al doble sobre el segundo lugar que es Brasil con 31,5 mil millones, cifras registradas en el primer semestre de 2022.
Sin embargo, el combate a los ciberdelitos en el país ha sido significativo y reconocido. Por ejemplo, el Informe de Trata de Personas 2022 del Departamento de Estado de los Estados Unidos distinguía la labor del Estado mexicano en materia de persecución e inteligencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó transacciones financieras sospechosas y su inteligencia descubrió 201 posibles casos de trata en 2021, en comparación con 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con este mismo delito en 2020. Durante el trienio 2019-2021, la UIF congeló 1,617 cuentas bancarias con un estimado de más de $52 millones en fondos vinculados con delitos Trata de Personas.
Previo a ello, en 2019 se creaba una tipología relacionada con la Trata, misma que valió la mención del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América; y, en su Informe anual de tráfico de personas 2020, se reconocía también la labor de las autoridades mexicanas que permitió la detección de una red de trata de personas que utilizaban bitcoins para lavar dinero procedente de esa actividad ilícita.
O el caso de los “Nigerianos”, que se trabajó junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, en el que se utilizó un tipo de activo virtual local para lavar dinero, el de los llamados “nigerianos”. El flujo del dinero provenía de fraudes tipo BEC, ocasionados a empresas en EEUU y México. Las ganancias ilícitas eran depositadas a cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales, cuyo control lo tenían personas de origen nigeriano. Utlizaban esquemas piramidales para la apertura de cuentas bancarias, mediante mecanismos de extorsión e intimidación. Las empresas y las personas físicas retiraban inmediatamente los recursos de las cuentas bancarias principalmente con órdenes de pago internacionales con destino a Nigeria, transferencias a cuentas de empresas que registraban a los mismos accionistas y/o representantes legales, envíos directos a los integrantes de la organización y retiros en efectivo.
Los activos también eran usados para adquirir bienes provenientes de actividades vulnerables, como la compra de autómoviles de gama alta, compra de BitCoin, joyas, relojes y ropa de diseñador. Pero lo interesante del caso, residía en que para lavar las ganacias ilícitas, los “nigerianos” hicieron uso de criptomonedas Bitcoins y Zugacoins (primera criptomoneda africana, lanzada oficialmente el 1 de diciembre de 2020). Se localizaron más de 50 aparatos celulares que utilizaban para realizar operaciones de banca electrónica y uso de monederos digitales para el desarrollo de operaciones con criptomonedas, mismas que eran convertidas a Nairas Nigerianas, moneda oficial de Nigeria.
A nivel local, en Hidalgo, los delitos más comunes que son denunciados en el estado, los cuales se tienen identificados por la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de la procuraduría, son: fraudes y extorsiones por prestamos inmediatos; phishing por correo eléctronico, mensajes y ligas; extorsiones virtuales desde algún CERESO en donde piden contraseñas y dinero; ursurpación de identidad (en caso de robo y uso de información personal); robo de datos financieros o tarjetas de crédito; y, registro telefónico de datos conservados y geolocalización sin control judicial.
Así mismo, en 2023 y al frente de la procuraduría de esa entidad, con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (HSI/ICE), se realizó el cierre de una plataforma la cual contenía 12 mil imágenes de 697 niñas y mujeres, el caso conocido como “MEGA”.
Las víctimas eran captadas a través de redes sociales haciéndoles creer que se encontraban en una relación sentimental, se obtenían de ellas imágenes desnudas que después eran ofrecidas en paquetes en grupos de redes sociales.
Con apoyo de una de las víctimas, se obtuvo acceso a un grupo de la aplicación Telegram, donde se observó que los usuarios publicaban fotografías de diferentes mujeres en ropa interior o desnudas. Se detectó que la plataforma denominada MEGA, se encontraba vinculada con las carpetas compartidas en el dicho grupo. Se detuvo a 4 personas por estos hechos, mismos que fueron vinculados a proceso.
Para concluir, tenemos una agenda pendiente en el rubro de ciberseguridad, no solo a nivel estado, sino en el combate a los ciberdelitos cada vez más frecuentes en la actividad criminal de nuestros días y con alcances aún más perniciosos hacia grupos vulnerables, como son las mujeres y las infancias y su nivel de indefensión en el ciberespacio.