El cambio de administración es el momento propicio para poner sobre la mesa los desafíos que necesitan atención inmediata. Entre estos, la educación destaca como un área crucial que requiere reformas profundas y urgentes. La pandemia de Covid-19 exacerbó las brechas educativas y dejó al descubierto la inequidad en el acceso y calidad de la educación en México.
En vista de esto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europea (UE) en México y la Iniciativa para la Transición Económica y Demográfica (ITED) del Tec de Monterrey, llevaron a cabo una mesa académica en la cual se dialogó sobre las propuestas para atender esta problemática como uno de los retos de la próxima administración.
La discusión resaltó las deficiencias alarmantes que presenta el Sistema Educativo Nacional (SEN), ya que 11.6% de la población de 3 a 17 años carece de escolaridad y 72% de los jóvenes de 15 años no alcanza competencias básicas en matemáticas.
La calidad de la educación es un factor clave para la movilidad social y el desarrollo económico, sin embargo, las oportunidades educativas en México están influenciadas por el nivel de ingresos, la localización geográfica, y otros factores socioeconómicos. Los niños de los estratos de menores ingresos no sólo acuden menos a la escuela, sino que la calidad de la educación que reciben es significativamente inferior a la de sus contrapartes.
Actualmente, el presupuesto educativo representa el 3.23% del PIB, muy por debajo de lo que establece la Ley General de Educación (no menor al 8%) y de la recomendación de Naciones Unidas que sugiere un mínimo de entre 4 y 6%. Esta insuficiencia presupuestaria debe abordarse de manera urgente para cerrar la brecha educativa y proporcionar educación de calidad a lo largo de la vida. Además, se requiere una revisión exhaustiva en el financiamiento de la nómina educativa, con el fin de asegurar salarios competitivos para los docentes, que ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza.
La creación de un fondo solidario es otra medida crucial que permitiría concentrar y distribuir equitativamente los recursos adicionales para la educación entre los diferentes niveles educativos, beneficiando especialmente a las áreas más necesitadas. Asimismo, es esencial focalizar los recursos en la educación de la primera infancia y en las poblaciones más vulnerables. Priorizar la educación temprana y destinar un mayor porcentaje de los recursos a las familias con menores ingresos ayudará a combatir la desigualdad desde sus raíces y garantizará que todos los niños tengan un comienzo justo en su vida educativa.
También es vital comprometerse con los resultados educativos, invirtiendo en habilidades fundamentales y exigiendo resultados a cambio de los recursos distribuidos, apoyando especialmente a las entidades más rezagadas.
Finalmente, se debe adoptar una visión a largo plazo que promueva una trayectoria educativa continua desde la educación inicial hasta la capacitación laboral, adaptándose a una población que envejece rápidamente. Estas políticas buscan mejorar la calidad educativa, reducir las desigualdades y asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La educación en México necesita una reforma integral y urgente. La próxima administración tiene la oportunidad y la responsabilidad de implementar políticas que no solo mejoren la calidad de la educación, sino que también aseguren que todos, niñas niños y adolescentes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a oportunidades educativas equitativas. Es momento de que México invierta en su futuro, comenzando con la educación de niñas, niños y jóvenes, sólo así podremos construir una sociedad más justa, inclusiva y próspera.