En las ultimas semanas, el aumento de la violencia contra la población haitiana a manos de pandillas convertidas en fuerzas paramilitares levantó las alarmas en todo el mundo ante una nueva crisis humanitaria en el país caribeño. La dimisión del primer ministro Ariel Henry, que asumió el cargo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ha dejado a millones de haitianos en manos de las pandillas de Puerto Príncipe y a la espera de una intervención internacional.
Haití, ubicado en el lado occidental de la isla La Española, es a todas luces lo que la comunidad internacional denomina un Estado fallido. Hay varios factores históricos que podrían explicar la pobreza, inestabilidad y caos por el que se ha caracterizado el caso haitiano en lo particular. Pero también hay muchas lecciones que pueden aprovecharse en el resto de América Latina para identificar las Red Flags que conducen a la tragedia, antes de que sea demasiado tarde.
Hay tragedias que hunden gobiernos y derrocan regímenes. Este es el caso de Haití, que no ha dejado de sufrir catástrofes naturales desde que un terremoto en 2010 dejara sin hogar a mas de 2 millones de personas y destruyera la mayor parte de la infraestructura estatal. Después de 14 años e incansables esfuerzos humanitarios, Haití no se ha podido levantar. Ningún país está exento de sufrir catástrofes naturales, por eso la ONU, en la Agenda 2030, ha trazado como objetivo fortalecer la resiliencia de los pobres y de aquellas personas en situaciones vulnerables, así como reducir su exposición y vulnerabilidad a eventos extremos relacionados con el clima y otros choques y desastres económicos, sociales y ambientales. (ODS 1.5). Son pocos los países en la región que se toman en serio este criterio a la hora de administrar el gasto público.
El pasado 2 de marzo, Jimmy Barbecue Chérizier líder de la G-9, la principal organización criminal de Haití, organizó a varias pandillas para asaltar una prisión y liberar a más de 3 mil criminales. Esto dio comienzo a la nueva ola de violencia entre las pandillas criminales y lo que queda de la policía y del ejército, disputándose el poder. En realidad, las bandas que hoy controlan el 80% del territorio de Haití comenzaron a profesionalizarse y armarse desde la década pasada. En México, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela, etcétera, el Estado ha ido cediendo territorio al crimen. Sea por omisión, incapacidad, o abierta complicidad, el crimen organizado ha ido fortaleciéndose en regiones donde después, como en Haití, será muy difícil dar marcha atrás.
La situación de Haití es un llamado a la acción en toda la región, no sólo para acudir en humanitaria ayuda de nuestros hermanos haitianos, sino que es una llamada para los mandatarios de ocuparse de los Haitís domésticos, antes de que el crimen organizado o un desastre natural conduzcan a otra nación al caos.
