Sinaloa vive días de intensa violencia debido al enfrentamiento entre bandas tras el presunto secuestro de El Mayo Zambada, perpetrado por Joaquín Guzmán López en favor de los intereses del gobierno de Estados Unidos, el control de la plaza caliente y la incapacidad de las fuerzas públicas para evitar los choques armados.
Chapitos y Mayos se disputan un territorio ávido de esperanza y lleno de vidas perdidas en escenarios rebasados por la saña y la sanguinaria violencia. Es un estado donde no se percibe la autoridad mientras los ciudadanos son rehenes de estrategias fallidas.
Recientemente, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció una estrategia de seguridad encabezada por elementos de las policías estatal y municipales, en coordinación con la Guardia Nacional y fuerzas castrenses en todos los municipios, con el objetivo de disminuir la gravedad de los hechos. Tanto así que se cancelaron las fiestas de septiembre en ocho municipios sinaloenses.
Sin embargo, no deberían ocurrir ni los enfrentamientos ni los operativos fallidamente disuasivos, porque eso no fue lo que se nos prometió.
En 2018, cuando las luces de la alternancia izquierdista ya eran una realidad en nuestro país, el presidente entrante –hoy saliente– hizo una promesa fundamental: construir un proceso de paz que permitiera justicia, frenar los homicidios y la desaparición de personas, las masacres, las violaciones a los Derechos Humanos y el delito.
Desde que asumió la presidencia, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia de seguridad diferente a la de gobiernos anteriores. “Abrazos, no balazos” fue la frase que se acuñó como lema de seguridad y contención de la violencia. A unos días de concluir su mandato, el número de balazos ha superado al de abrazos.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Gobierno de López Obrador sumó 160 mil 594 homicidios en sus primeros cuatro años y medio de sexenio, superando el récord de muertes alcanzado en toda la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto, y hasta los de la llamada “Guerra de Calderón”.
En consecuencia, se concluye que el presidente López Obrador incumplió su promesa de pacificar el país. Pero, ¿qué necesita México? ¿Una policía civil? ¿Que la Guardia Nacional se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional para que pueda, por ese solo hecho, enfrentar a las organizaciones criminales más violentas?
¿Qué se hace en un país donde hay estados que parecen en guerra, lugares fantasma porque el crimen organizado no deja vivir en paz a sus habitantes, o donde, según cifras de las propias autoridades mexicanas, hay casi cien mil personas desaparecidas o no localizadas?
Actualmente, ya superamos los 115 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando en todo el sexenio del calderonismo se registraban 90 homicidios por cada 100 mil habitantes y en todo el sexenio de Peña Nieto, 102 crímenes. Algo pasa. O algo no pasa. Nos fallaron, es un hecho claro.
La próxima presidenta de México deberá distinguir entre seguridad nacional, seguridad pública y el discurso político. Con base en eso, deberá definir, con seriedad, una estrategia definitiva contra las organizaciones más violentas tanto en el ámbito estatal como en el entorno general. El problema de Sinaloa no es el único, por desgracia.
