La violencia contra las mujeres en México, traducida en una muy elevada incidencia de delitos de alto impacto en razón de género, representa un desafío permanente, que no ha dejado de asumir el actual gobierno, como lo demuestra el reciente informe de avances presentado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y que enfrentará también la administración que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según cifras oficiales, en lo que va de la actual administración, cada día son asesinadas 10 mujeres en el país en promedio; 177 sufren de lesiones dolosas; nueve son extorsionadas; cinco son víctimas de corrupción de menores y al menos una es víctima de trata.
Sin considerar la llamada cifra negra, es decir, aquellos delitos que no se denuncian, las estadísticas que mensualmente reportan las 32 fiscalías o procuradurías del país indican que el actual sexenio ha sido el más violento para las mujeres en la historia reciente del país.
Entre 2019 y 2024 se han alcanzado los máximos históricos en el número de mujeres víctimas de delitos de alto impacto, como feminicidio, homicidio doloso, lesiones dolosas, secuestro, extorsión y corrupción de menores y otros desde 2015, el año más antiguo del que se tienen estadísticas precisas.
También se ha impuesto marca en la incidencia de otros delitos que afectan principalmente a las mujeres, como la violencia familiar, la violencia de género en todas sus modalidades, la violación, el abuso sexual, el hostigamiento sexual y los incidentes de violencia en pareja.
Desde el Gobierno federal se implementaron estrategias y programas tendientes a disminuir la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, un hecho que ha jugado en contra de estos esfuerzos son los recortes presupuestales que a partir de 2019 se aplicaron a los programas específicos de atención para este sector de la población.
Una revisión de la organización México Evalúa señala que salvo políticas como la de Igualdad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la de Prevención de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, que registraron aumentos en el presupuesto de 2024, el resto de los programas específicos de mujeres sufrió disminuciones.
Entre los afectados están los programas de de Apoyo a Madres Trabajadoras; de Atención a Víctimas; de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia; de Actividades Relacionadas con la Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, entre otros.
Ante esta situación, organizaciones y especialistas señalan que la disminución de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes es uno de los principales desafíos que deberá atender de forma prioritaria el próximo gobierno.
En México, 10 mujeres son asesinadas en forma violenta cada día en promedio, de acuerdo con cifras oficiales.
Deuda histórica
Diversos estudios antropológicos y sociológicos señalan que la violencia contra las mujeres es un asunto “multifactorial”, relacionado con un tema sociocultural y asociado directamente con el machismo y la sociedad patriarcal.
En opinión de la politóloga Nancy Angélica Canjura Luna, esa percepción ha permeado en las políticas públicas enfocadas a garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres.
“Esto tiene que ver con la idea de que las mujeres somos seres humanos de segunda categoría, que no somos personas que puedan, por ejemplo, ejercer la vida pública como los hombres, entonces, esto genera que los hombres consideren que tienen no sólo una responsabilidad de cuidado hacia las mujeres, sino también un sentido de que son su propiedad”, refirió.
Al respecto, la también maestra en Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló en entrevista con ejecentral que esta percepción es lo que genera de manera “muy consciente y otras de manera inconsciente”, expresiones de violencia, en donde lo más mínimo sería, por ejemplo, un piropo ofensivo en la calle o escalar a una agresión física o un feminicidio”.
Añadió: “Lo mismo ocurre con las autoridades. Si llega una mujer denunciando que su marido la golpeó o la victimiza, sigue ocurriendo que hay ministerios públicos y policías que cuestionan si está segura de que va a denunciar, porque si después le otorga el perdón, sólo les quita el tiempo. Eso también es violencia”.
Bajo ese panorama, Nancy Canjura señala que una de las “deudas históricas” pendientes es el hecho de que la tipificación del delito de feminicidio no está homologado en todo el país, lo cual no sólo afecta la medición de ese delito, sino también evita que estos crímenes se investiguen y sancionen con las características específicas y la perspectiva de género que ameritan.
Según las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre de este año se contabilizaron 418 víctimas de feminicidio a nivel nacional, lo que implicó una disminución de 7.5% respecto al mismo periodo de 2023, con lo que se convirtió en el semestre con menos víctimas desde 2017, cuando se registraron 393 casos.
Sin embargo, la mayor cantidad de víctimas de feminicidio de 2015 –año en que comenzó el registro oficial de casos en el Secretariado– a la fecha, se alcanzó en mayo de 2021, con un total de 112 ataques.
Aunado a esto, el homicidio doloso o intencional en contra de mujeres es un indicador que se comportado al alza. Con un total de 278 víctimas, este delito rompió récord en junio de 2022, mientras que la cifra de mil 320 casos registrados entre enero y junio de este 2024 implicó un repunte de 1.8% respecto al primer semestre de 2023.
Esfuerzo institucional
De acuerdo con el más reciente informe que dio a conocer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el reforzamiento de la Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas en los tres niveles de gobierno ha logrado materializar avances importantes.
En la conferencia matutina del pasado 6 de agosto, la titular de la SSPC destacó la capacitación de 28 mil 603 funcionarios y de 20 mil 731 policías sobre los derechos de las mujeres y la prevención de delitos.
Además, señaló que la puesta en marcha de distintos programas, como el Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, y el Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio, entre otros, logró reducir la incidencia de feminicidio en 35.6% a nivel nacional, en junio de 2024, en comparación con diciembre de 2018.
En este sentido, Rosa Icela Rodríguez propuso homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades del país, un reclamo añejo entre los colectivos feministas.
De igual manera, informó del reforzamiento de la estrategia de seguridad en los 15 municipios prioritarios donde se concentra entre el 40 y 50% de la violencia feminicida, sobre todo en las colonias con mayor índice de feminicidios, violaciones, lesiones a mujeres y violencia familiar.
“Como primera secretaria de Seguridad de México, tengo la convicción personal de trabajar a favor de la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Desde el primer día que asumimos esta responsabilidad, hemos realizado diferentes acciones con buenos resultados”, sostuvo la funcionaria.
177 mujeres sufren lesiones dolosas cada día, en promedio.
Elevada percepción de inseguridad
La percepción de inseguridad en las mujeres se ha mantenido en los últimos años en una escala en la que, en promedio, seis de cada 10 mujeres se sienten inseguras en las ciudades en donde viven.
Dicho indicador supera en más de 12 puntos porcentuales la percepción de inseguridad atribuida a los hombres, según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El ejercicio indica que uno de los aspectos en donde más se ha arraigado la vulnerabilidad de las mujeres es en los casos de acoso y violencia sexual, pues en el primer semestre del año, el 24.3% de las mujeres encuestadas dijo haber sido víctima de este tipo de delitos, con la mayor cantidad desde el primer semestre de 2022, cuando el índice fue de 24.8 por ciento.
En el mismo periodo, datos del SESNSP muestran que se batieron récords en cuanto a mujeres víctimas de lesiones dolosas, extorsión y corrupción de menores, en comparación con los primeros semestres de cada año durante la última década.
418 víctimas de feminicidio
se registraron en el primer
semestre de 2024, 7.5%
menos que en 2023.
Urge transversalidad de género
Erradicar la violencia contra las mujeres se ha perfilado como una de las prioridades del próximo gobierno. Al respecto, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reconocido la importancia de fortalecer la labor del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
“Hay que trabajar con las distintas áreas de gobierno también a nivel territorial, educativo, que tenga que ver con el reconocimiento de nuestros derechos; que no solamente se eleve el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, sino también la educación general a toda la sociedad, que se erradique cualquier forma de discriminación de clasismo, racismo y machismo”, aseguró Sheinbaum en días pasados, en conferencia de prensa.
En la perspectiva de Nancy Canjura Luna, dar resultados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres será posible si se enfatiza en una “transversalidad” de género, en la que no sólo una secretaría, sino que en todas las políticas públicas “todos los servidores públicos cuenten con conocimientos mínimos sobre temas de género y violencia contra las mujeres”.
Esto, dijo, incluye desde la policía hasta el personal de salud, para asegurar que puedan identificar y responder adecuadamente ante casos de violencia.
Para la especialista en seguridad y políticas públicas, la asignación de presupuesto también juega un papel crucial en la reducción de la vulnerabilidad de las mujeres, al subrayar que los recortes en áreas clave, como albergues y programas de apoyo a víctimas, han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres.
“Una mujer que no puede trabajar debido a la falta de cuidados para sus hijos es más dependiente económicamente de su agresor, aumentando su riesgo de violencia,” explicó.
“Las condiciones, digamos, administrativas en términos de administración pública existen, ahora faltaría ver la voluntad política que de verdad permita que se materialice este apoyo a las mujeres”, enfatizó.