Si bien el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es un esfuerzo para dar apoyo económico y oportunidades de empleo a los mexicanos de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, darle rango constitucional en estos momentos no es aconsejable, pues es una política pública que aún no madura y que implica para el Estado una presión fiscal difícil de sostener en el tiempo.
A esta conclusión llega un trabajo coordinado por expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el libro Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República.
En el capítulo 6, titulado Opinión técnica sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal para constitucionalizar los apoyos económicos a jóvenes que no estudian ni trabajan, el documento destaca que el programa JCF presenta fallas de diseño, como la limitada transición de los beneficiarios para contratarse en los establecimientos donde fueron becados, las restricciones a la capacitación, la informalidad que subyace en las relaciones preexistentes de trabajo que aprovechan el trabajo para encubrirlas y las discrepancias en el uso del seguro médico.
Considerado uno de los pilares de la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, JCF ha beneficiado a dos millones 973 mil 455 jóvenes con apoyo económico temporal, condicionado a que aprendan algún oficio. Sin embargo, académicos de la UNAM sugieren esperar a que esta política pública madure y supere algunas fallas de diseño y de operación antes de darle rango constitucional.
El estudio referido indica que hay una gestión inadecuada de los pagos a los beneficiarios, duplicidad en la obtención de beneficios de jóvenes inscritos en dos programas diferentes, y asignación de apoyos indebidos a trabajadores de dependencias públicas y de empresas que se registraron como afiliadas al programa.
Ante estas fallas, el estudio coordinado por Jesuswaldo Martínez Soria, quien también es investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, establece que “la información que se tiene sobre el programa JCF no es suficiente ni determinante como para suponer que representa la mejor solución de política pública para resolver la problemática que se ha propuesto, lo que implica que, constitucionalizar hoy un mecanismo de transferencias monetarias sin el debido diagnóstico, es por lo menos prematuro”.
Millones de jóvenes beneficiados
Creado en 2019, el programa JCF busca que las personas de entre 18 y 29 años que no se encuentren ni estudiando ni trabajando puedan acceder a un apoyo económico hasta en 12 ocasiones, equivalente a un monto de siete mil 572 pesos al mes, a fin de que puedan incorporarse al mercado laboral, adquirir competencias para el trabajo y sumarse productivamente a la sociedad.
Según los datos más recientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde su implementación el programa ha beneficiado a un total de dos millones 973 mil 455 jóvenes, de los cuales 1.7 millones son mujeres y 1.2 millones son hombres.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha documentado que únicamente el 35.4% de los aprendices egresados del programa adquirieron su primera experiencia en una actividad productiva, lo que significa que sólo tres de cada 10 jóvenes beneficiarios del programa lograron insertarse de manera efectiva en el mercado laboral.
“El programa no ha estado exento de críticas: desde la definición de metas e indicadores, la falta claridad en sus reglas de operación, la poca y turbia publicidad de las variables utilizadas para medir los resultados del programa, errores en su diseño y sobreestimación de la población atendida, hasta la falta de mayor transparencia en sus resultados y el presupuesto ejercido”, sostiene Israel Santos Flores, investigador del IIJ de la UNAM.
“En recientes estudios de sociología fiscal que hemos realizado sobre personas que se dedican al comercio informal hemos señalado que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro puede ocasionar un incentivo perverso: al alentar a los jóvenes a la deserción escolar con tal de recibir el apoyo económico”, expone el especialista.
Fuerza social
El documento de análisis sobre las 20 reformas que componen el llamado Plan C del presidente López Obrador detectó un trasfondo político-electoral en la iniciativa de incorporar el programa JCF a la Carta Magna.
“No puede omitirse la intencionalidad política de una iniciativa como ésta ni el costo político de oponerse a aprobarla. La implementación de políticas sociales ha permitido combinar el legítimo interés público de las instituciones del Estado con el interés electoral de los gobernantes. La población objetivo de este proyecto de decreto es un segmento demográfico activo electoralmente, que puede representar una renta de votos significativa”, plantea.
De aprobarse la inclusión del programa en la Constitución, el Estado estaría obligado a darle siete mil 572 pesos mensuales durante un año a todos los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, lo que arroja pagos anuales por 90 mil 864 a cada beneficiario. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, en México hay 24.2 millones de personas entre 18 y 29 años, quienes estarían en posibilidades de exigir el apoyo, siempre y cuando se encuentren desocupados.
En este contexto, el análisis de la UNAM advierte: “Si la reforma se aprueba, el Estado adquiere una obligación fiscal de largo plazo que supondría prever trayectorias largas de gasto público —para cubrir varias generaciones de beneficiarios—, cuyos montos dependerían tanto de la evolución demográfica, como de la eficiencia del sistema educativo, de la demanda de empleo en el mercado laboral y del crecimiento de la economía, por mencionar los cuatro factores más importantes, pero no los únicos, en la determinación de la población objetivo de la norma constitucional”.
Otro inconveniente que plantea la iniciativa de incorporar el programa JCF a la Constitución es, según el texto, que el reconocimiento del derecho específico de los jóvenes para acceder a medios económicos podría representar un cierto tipo de discriminación hacia otros grupos de población socialmente vulnerable, como la infancia, las personas con algún tipo de discapacidad, de una edad diferente, o simplemente los jóvenes que sí estudian.
“¿Por qué la Constitución debe establecer becas de capacitación sólo en favor de las y los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan? ¿Por qué la beca constitucional no considera a la juventud que sí estudia, teniendo en cuenta que la educación formal facilita la incorporación de una persona al mercado laboral?”, cuestiona.
La reforma
La iniciativa presidencial propone incorporar el siguiente párrafo al artículo 123 constitucional:
“El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley”.
