Desde su creación en 2016, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se planteó como una herramienta fundamental para combatir la corrupción en México; sin embargo, desde su establecimiento, ha enfrentado numerosos obstáculos. Los ataques de índole política y la falta de apoyo gubernamental han debilitado su capacidad de acción, al poner en duda su efectividad.
A nivel estatal, la situación está en sus peores momentos, pues poco a poco han renunciado los integrantes de los comités de participación ciudadana locales. Quienes presiden estos comités también encabezan los sistemas anticorrupción y deben ser ciudadanos alejados de intereses políticos.
El ejemplo más reciente se encuentra en Hidalgo. El 21 de agosto pasado, la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Lucero Calderón Hernández, renunció al cargo tras advertir que fue víctima de múltiples ataques como difamación y hostigamiento por parte de un representante del gobierno de Julio Menchaca. Consultada por ejecentral, Calderón Hernández señaló al secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales, por atacar su dignidad y obstaculizar su trabajo.
“Estoy convencida de que la lucha contra la corrupción es algo que no se acaba aquí para mí, pero hay ocasiones en que se puede hacer más desde afuera, aún más cuando el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo se encuentra cooptado y sujeto a intereses gubernamentales en los que su prioridad es hacer pasar desapercibidos sus propios actos de corrupción”, destacó en su renuncia.
Desde 2023, Calderón Hernández había denunciado que, con una artimaña política del gobierno de Menchaca, a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Hidalgo les bajaron el sueldo mensual de 28 mil pesos a mil pesos, menos impuestos.
“Es una situación por demás violatoria de derechos humanos fundamentales y he realizado mi trabajo sin recibir ni un solo peso, pese a ser dicha contraprestación un derecho irrestricto para quienes formamos parte de los Sistemas Estatales Anticorrupción en cada una de las entidades federativas del país, siendo el de Hidalgo, a través de su Órgano de Gobierno, el único a nivel nacional que desde marzo de 2023 ha pisoteado derechos”, agregó en su renuncia.
De acuerdo con un balance de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, sólo cinco estados (Chiapas, Durango, Guanajuato, Quintana Roo y Sinaloa) tienen debidamente integrados sus sistemas; al resto les faltan integrantes. Los casos más preocupantes de rezago, hostigamiento o falta de presupuesto son la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco y Nuevo León.
A nivel nacional los avances han sido a cuentagotas: se conformó la Política Nacional Anticorrupción y se promovió una iniciativa de ley sobre las personas que alertan actos de corrupción, pero no funciona al 100% la Plataforma Digital que debería concentrar declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, además de integrar sistemas de denuncias, contrataciones, fiscalización, listado de funcionarios sancionados y servidores públicos que participan en procesos de contrataciones públicas.
“Creo que la expectativa con la que se generó el SNA era precisamente la de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, sobre todo frente a grandes casos como la Estafa Maestra, la corrupción de los gobernadores, Odebrecht y Segalmex. Me parece que se debió haber puesto mayor foco en esos casos y no se logró”, admitió la consejera del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Vania Pérez Morales.
En época electoral, a la consejera se le vio persiguiendo a candidatos presidenciales y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para que se comprometieran con el SNA. En entrevista con ejecentral, Vania Pérez destacó que el plan anticorrupción de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sí consideró las propuestas ciudadanas.
“Sólo en el caso de la hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tuvimos respuesta; y no solamente eso, sino también nos invitaron a participar en la construcción de su plan anticorrupción. Muchos de los temas que están ahí son propuestas de la ciudadanía, son propuestas del Comité de Participación Ciudadana, temas por los que hemos peleado como sociedad civil. Es el caso del reconocimiento a las víctimas de la corrupción, la protección a denunciantes de la corrupción, el fortalecimiento a un sistema nacional de fiscalización y el seguimiento a las compras públicas”, comentó.
Pérez Morales confió en que el próximo gobierno revivirá al SNA, a diferencia del que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Esto, a pesar de que se obstaculizó la puesta en marcha del sistema anticorrupción de la Ciudad de México cuando Sheinbaum gobernó la capital.
En entrevista con ejecentral, el expresidente del SNA, Jorge Alatorre Flores, consideró que el SNA no ha fracasado, pero alertó sobre el acecho de políticos y gobernantes.
¿Cómo califica al SNA?
“Lo califico en una etapa crítica en donde no solamente está siendo objeto de señalamientos y de ataques, sino donde se están perdiendo instituciones, incluso claves para el Estado mexicano y su República. Entonces, en ese sentido, lo veo como una institución que va a estar bajo la mira de intereses regresivos y opacos”.
¿Considera que va a prosperar el SNA en la próxima administración?
“El problema es que nunca estará un sistema anticorrupción más alejado de su propósito, en tanto más cerca se encuentra del poder”.
¿Se ve luz para el combate a la anticorrupción desde el SNA durante el próximo gobierno?
“Dependería de la imparcialidad que tuviera para no perseguir con celo diferenciado a propios y extraños. El problema es que cuando una institución depende de la discrecionalidad o de la voluntad de una persona, en lugar de la claridad de sus procedimientos, entonces abrimos una ventana muy peligrosa a algo que se conoce como lawfare, que es el combatir a los adversarios con el propósito de combatir la corrupción”.
¿Cómo ve la propuesta de la próxima Presidenta sobre combate a la corrupción?
“Veo muchos puntos favorables e interesantes. También veo que justamente comparten la importancia de la Plataforma Digital Nacional. Sin embargo, lo que se pierde de vista con esta propuesta es que el sistema es la apuesta de una agenda de Estado, en donde participan todos los poderes y también la ciudadanía. El problema de la corrupción es creer que desde el gobierno se puede combatir cuando tiene que combatirse desde el Estado y la sociedad mexicana en conjunto.