En el primer semestre de este año, en los medios de comunicación se reportó el hallazgo de 111 fosas clandestinas y 290 casos de “mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres” en el país, según el registro de “atrocidades” de la organización Causa en Común.
Las cifras anteriores son apenas una estimación de la cantidad de entierros clandestinos y de los restos humanos que cada día son hallados, debido a que no existen cifras oficiales confiables y unificadas respecto a este fenómeno.
Falta de coordinación, desorden, disparidad y un deficiente manejo de la información por parte de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) son el principal motivo de que a la fecha no se tenga certeza del número de entierros ilegales, así como de la cantidad de cuerpos y restos humanos hallados, y bajo resguardo de las autoridades.
›La situación conlleva implicaciones delicadas. Se trata de una omisión del Estado mexicano en su obligación de concentrar y actualizar el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, como lo mandata la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Algo que resulta aún más preocupante para los colectivos de búsqueda y las organizaciones de la sociedad civil es el hecho de que esa gestión “bastante deficiente” de las fiscalías se traduce también en la falta de identificación forense, en un país en el que en los últimos cinco años se acumularon 51 mil 541 personas desaparecidas y no localizadas, según los registros oficiales.
“Si no tenemos la posibilidad siquiera de contabilizar el número de fosas, los restos humanos y también los cuerpos que tenemos en resguardo del propio Estado, pues difícilmente tenemos elementos para continuar con el tema de la identificación, que es lo primordial”, señaló Mónica Meltis, directora ejecutiva de la organización civil Data Cívica.
En entrevista con ejecentral, la especialista en análisis de datos, desarrollo institucional y desaparición forzada reiteró que “la desorganización de la información de las fiscalías” repercute directamente en el sistema nacional de búsqueda y los objetivos de búsqueda, identificación y notificación a las familias de personas desaparecidas.
“Por más que tengamos comisiones (de búsqueda) de primera, súper bien preparadas, si no tenemos la posibilidad de trabajar con las fiscalías, esas búsquedas se ven mermadas. Las fiscalías siguen siendo repositorios no solamente de las denuncias de desaparición, sino que tienen en resguardo los cuerpos y los restos de las personas en este país”.
En ese sentido, estimaciones del movimiento Por Nuestros Desaparecidos indican que en el país hay al menos 52 mil cuerpos sin identificar, unos 30 mil de los cuales están bajo resguardo del Estado. “¿Qué pasa si el Estado ni siquiera es capaz de gestionar la información sobre esos cuerpos? Difícilmente vamos a tener identificaciones positivas”, subrayó la activista.
Muestra de esta disparidad en la información de las fosas clandestinas se refleja no sólo en el número y los cuerpos que son localizados en ellas, sino en la propia ubicación de los entierros.
Según la información de las fiscalías estatales, entre 2006 y 2023, Sonora, Veracruz y Tamaulipas fueron las entidades con la mayor cantidad de fosas ilegales, al concentrar el 40% del total a nivel nacional; datos de la FGR indican que Guerrero y Jalisco tienen la mayor cifra de entierros en el mismo periodo, y de acuerdo con fuentes abiertas, la cifra más alta de fosas se concentró en Guerrero, Veracruz y Sonora.
Bajo este contexto es que la suma de esfuerzos de Data Cívica, la Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana dio lugar al relanzamiento y actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas.
Dicha “herramienta ciudadana”, que surgió en septiembre de 2021 ante la falta de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, recopila datos de los hallazgos de fosas clandestinas reportados por la prensa nacional; las fiscalías, procuradurías y servicios forenses de las entidades, y los registros de la FGR.
En palabras de Mónica Meltis, más allá de señalar quién tiene más o menos registros de fosas, lo que se busca visibilizar es “el desorden de la información y la falta de coordinación entre las fiscalías locales y la FGR, y las implicaciones que esto tiene”.
Se pretende lograr que, en la actual transición de gobierno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo asuma el compromiso de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas, identificación y restitución digna de los cuerpos no identificados, el cual “sigue siendo una obligación y deuda pendiente del Estado mexicano”.
“Estamos intentando generar elementos para que las familias tengan más herramientas para la búsqueda, pero también para la incidencia con las autoridades. Hay que reconocer que las familias necesitan mayor información de la que hay ahora disponible y en ese sentido, creemos que (la herramienta) puede ayudar, impulsar y presionar para que tengamos esta información actualizada”, reiteró la directora de la organización civil Data Cívica.
