Golpe mortal a la propiedad privada, avance hacia el comunismo, paso hacia la cubanización, preludio de una ola expropiadora, exorcismo contra la inversión privada, un adelanto de la política inmobiliaria de Clara Brugada. Esas son sólo algunas de las opiniones negativas que despertó la promulgación de la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, impulsada como iniciativa por el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, aprobada en el Congreso local y promulgada el pasado 2 de septiembre. Nada de lo dicho tiene sustento.
En el escenario de polarización que mantiene atrapada a la sociedad, cualquier pretexto parece bueno para confrontar al adversario. Reaccionar a bote pronto, sobreanalizar y escudriñar con la intención de descubrir que “el diablo está en los detalles” se han convertido en costumbres de una sociedad que imita a sus políticos. Ellos lo hacen para obtener simpatías y votos, mientras muchos ciudadanos que los imitan permanecen atrapados en el debate maniqueo de los “traidores a la patria” contra los “destructores de las instituciones”, sin buscar puntos de acuerdo y, más bien, evitando coincidir, en lo que sea, con el “otro”.
La semana pasada, espacios de opinión y redes sociales se incendiaron con un debate injustificado sobre el fin de la propiedad privada en la Ciudad de México, como reacción a la reforma promulgada por el jefe de gobierno.
En realidad, Batres no estuvo ni cerca de afectar el equilibrio constitucional vigente entre la propiedad originaria, privada, pública y social, que nació hace varias décadas, cuando México era un país rural y el reparto agrario era un pendiente. En medio de acusaciones y el diálogo de sordos que hoy caracteriza el debate público, pocos leyeron la reforma aprobada, y menos aún analizaron con objetividad su contexto, alcances e implicaciones en materia de propiedad.
Por consenso
Lo primero que se pasó por alto en la discusión es que la reforma fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México por unanimidad. Votaron a favor, además de la mayoría morenista, los diputados del PRD, PRI, PAN y los aliados del Verde y el PT. No hubo aplanadora ni mayoriteo, y a pesar de eso, el hecho ha sido interpretado como otro paso en el plan de Morena por anular el régimen de libertades y derechos.
En sintonía
El cambio legislativo en la CDMX sólo ajusta el texto legal capitalino al texto constitucional federal de 1917. Sin embargo, personajes como el notario y exprocurador Ignacio Morales Lechuga –quien señaló en su artículo ¿Adiós a la propiedad privada?, publicado en el periódico El Universal, que “el gobierno y el Congreso de la CDMX dieron el lunes pasado un golpe demoledor al derecho a la propiedad privada. La derogación de un pequeño párrafo amenaza la seguridad jurídica de cualquier propietario de un inmueble en la capital del país”– detonaron una discusión que avanzó con rapidez en la ciudad, a pesar de que esa clase de afirmaciones equivale a sostener que el artículo 27 constitucional, del que se tomó la reforma capitalina, no estaba vigente en la Ciudad de México antes del lunes pasado, algo imposible porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) rige en todas las entidades y para todos los habitantes de la república.
Con la modificación, ahora la Constitución de la CDMX respeta la propiedad en los mismos términos que ya establecía el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que refuerza la tesis de que esta reforma, que puso de cabeza a varios sectores de orientaciones políticas diferentes a las gubernamentales, no modifica el marco legal existente.
En los días siguientes a la detonación del debate sobre la propiedad privada en la Ciudad de México, el propio Jefe de gobierno se vio forzado a publicar en sus redes sociales una serie de aclaraciones numeradas sobre el tema, entre las que destaca: “El texto aprobado protege así la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social”, y agregó que “en la reforma no hay ninguna facultad adicional del Estado para intervenir en materia de propiedad” y que “la propiedad privada de las personas, su patrimonio, sus bienes, casa y otro tipo de posesiones, está asegurada en los mismos términos ya vigentes y no corre ningún tipo de riesgo”.
Ajuste sobredimensionado
La Constitución Política de la Ciudad de México sólo mencionaba una de las tres formas de propiedad que establece la constitución federal: la privada, sin hablar de la propiedad social ni de la propiedad pública.
Pero la norma de jerarquía superior es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y a ella deben alinearse todas las constituciones locales. Con el cambio, el artículo 3 de la Constitución capitalina se ajustó únicamente a lo que rige, en materia de propiedad, desde el artículo 27 de la CPEUM. En conclusión, no hay cambios de ninguna índole en el derecho vigente en la Ciudad de México en materia de propiedad, contrario a lo que varias opiniones señalaron en los últimos días.