El pasado viernes 28 de junio fueron cesadas 22 personas y otras 20 fueron suspendidas temporalmente en la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio). Algunas de las personas cesadas ya fueron sustituidas de forma irregular, según informan quienes salieron de la institución y fuentes internas de la misma.
Las personas cesadas, con trayectorias de entre cinco y 25 años dentro de Conabio, fueron sustituidas por personas sin experiencia ni calificaciones en las áreas que ocuparán, señalaron en un comunicado mandado a los medios por e Ivette Mota, ex subdirectora de Promoción en Conabio; Zaira Melisa Mendoza Barrera, ex titular del departamento de orientación normativa en materia de biodiversidad y Desiré Sánchez, ex Titular del Departamento de Análisis Técnico de Iniciativas en Materia de Biodiversidad.
Fuentes internas de Conabio que pidieron no revelar sus nombres confirman la falta de experiencia y calificaciones de los sustitutos. También confirman que los despidos o relevos se llevaron a cabo de forma irregular, por medio de exámenes “arreglados” a quienes aceptaron hacer el examen.
Mendoza, Sánchez y Mota esperan que en la próxima administración, con Alicia Bárcena en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la que depende Conabio, “se logre definir un futuro certero para la Conabio y así salvaguardar esta institución, en beneficio de la biodiversidad del país y de la sociedad mexicana”.
Desmantelamiento
A finales de agosto del 2022, quien fuera conceptualizador y fundador de la Conabio, el ecólogo José Sarukhán, dejó el puesto de Coordinador Nacional de la institución. A cargo, como Secretario Ejecutivo, se quedó Daniel Quezada Daniel, sin experiencia ni estudios en temas de biodiversidad o ecología.
Sarukhán se quejó en aquel momento de que la titular de Semarnat, María Luis Albores, a quien correspondía hacer el nombramiento, no hiciera caso de las propuestas que le hizo de expertos conocedores del trabajo de Conabio. Esto sucedió después de dos años en que se había limitado el presupuesto de la institución.
El documento de protesta de Mota, Mendoza y Sánchez señala que desde entonces hubo faltas administrativas, desde tráfico de influencias hasta encubrimiento al servidor público, y que se pidieron renuncias de directores y algunos subdirectores cuyos cargos “fueron otorgados (sin ninguna evaluación previa) a personal con un evidente amiguismo, siendo clave para avalar y ejecutar acciones como: asignar plazas a aviadores, a personal que no cumplen las funciones de su cargo o personal no calificado”.
