En una resolución trascendental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó a los juzgados y tribunales de México a suspender la tramitación de amparos relacionados con la prisión preventiva oficiosa. Esta decisión se alinea con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a México eliminar el carácter automático de esta medida.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un punto crítico al demandar que México elimine la prisión preventiva oficiosa. En respuesta, la SCJN comenzó a analizar esta figura en 2022 con la intención de ajustarla a los estándares internacionales de derechos humanos. Aunque inicialmente se contempló eliminar completamente la prisión preventiva oficiosa, esta propuesta fue posteriormente desestimada.
Para evitar resoluciones que pudieran contradecir el criterio que la Suprema Corte establecerá, los ministros decidieron en una sesión privada suspender la tramitación de todos los amparos relacionados con la prisión preventiva oficiosa. Esta medida tiene como objetivo garantizar la coherencia y la solidez de las futuras decisiones judiciales sobre el tema.
La prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de controversia en México. Gobiernos como el del presidente Andrés Manuel López Obrador han defendido su uso, argumentando que es esencial para evitar la impunidad. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad, que la ven como una violación a las garantías individuales.
Con esta suspensión, la Suprema Corte no solo acata la sentencia internacional, sino que también abre un espacio para una discusión más amplia y fundamentada sobre la prisión preventiva oficiosa, sus implicaciones y su lugar en el sistema judicial mexicano. DJ