Al comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado mexicano rechazó 14 recomendaciones en materia de derechos humanos que recibió en el marco de su cuarto Examen Periódico Universal (EPU).
En la sesión para responder a las 318 recomendaciones que emitieron 115 países sobre la situación de los derechos humanos en el país, México admitió la mayoría de las observaciones que la comunidad internacional destacó como desafíos importantes por atender.
Entre las violaciones a derechos humanos sobre las cuales el Estado mexicano aceptó las recomendaciones se incluyen temas como la violencia contra mujeres y niñas; desapariciones forzadas; igualdad de género; independencia judicial; tortura y combate a la impunidad.
También admitió recomendaciones respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; así como para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; personas LGBTIQ+; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; personas periodistas y defensoras de derechos humanos; entre otros.
Sin embargo, en el caso particular de 14 recomendaciones que abordan problemáticas en materia de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno México determinó tomar nota, pero no admitió las observaciones.
De acuerdo con el Colectivo EPUmx, integrado por más de 300 organizaciones y redes de la sociedad civil nacionales e internacionales, entre las recomendaciones que México no aceptó se incluyen las que se pronunciaron por la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo.
Así como las recomendaciones que la comunidad internacional hizo sobre la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y modificación a la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes.
Tampoco se aceptaron aquellas que se pronunciaron por la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad; y cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública, como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles.
Sobre ese punto no se aceptaron las recomendaciones que exhortaron al establecimiento de mecanismos civiles para la rendición de cuentas de los agentes militares en este contexto y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas de orden.
“La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus obligaciones internacionales en derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad internacional expresada en las mismas, así como con el diagnóstico que realizamos desde la sociedad civil”, señaló el colectivo.
En ese sentido, las organizaciones defensoras de derechos humanos destacaron que se trata de la primera vez en el marco de la comparecencia de nuestro país de la aplicación del EPU que México rechaza dicha cantidad de recomendaciones.
De igual manera destacaron que las respuestas que el Estado mexicano dio a las observaciones, por ejemplo, en materia de militarización de la seguridad pública y el uso de sistemas de espionaje sobre personas defensoras, periodistas y actores políticos, contrastan con la realidad.
Pues aunque ante la comunidad internacional el gobierno de México aseguró que la Guardia Nacional se ha consolidado bajo un mando civil y que el gobierno “no espía ni vigila a nadie”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron la firme intención desde el Poder Ejecutivo para transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la evidencia sobre la persistente práctica de la vigilancia ilegal por parte de autoridades civiles y militares.
JND
