El 12 de junio de 2022, en una comunidad del municipio de Huauchinango, Puebla, una multitud de alrededor de 200 personas atacó a un joven de 31 años por creer que raptaba a infantes para vender sus órganos. Las sospechas eran infundadas, basadas en información falsa que circulaba en redes sociales. Aun así, el joven fue golpeado y quemado vivo.
Si bien el caso de Ricardo Picazo fue muy notable, está lejos de ser el único, pues entre 2016 y 2022 se registraron en el país mil 423 casos de linchamiento. Y la cifra asciende a mil 619 si se cuentan los “intentos de linchamiento”, según una investigación de Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.
Otro estudio, publicado el 7 de marzo de este año en el Journal of Peace Research, presenta la base de datos LYLA, (por sus siglas en inglés) sobre linchamientos en América Latina, y encuentra que México es el país con el mayor número absoluto de casos en la región, entre 2010 y 2019, y uno de los países en donde más creció este fenómeno en esa década.
La base de datos, complementada con información adicional, permitió que uno de los creadores de LYLA, Enzo Nussio, publicara el 7 de junio pasado en la revista American Sociological Review el artículo El lado oscuro de los lazos comunitarios: acción colectiva y linchamientos en México, que probablemente sea la primera explicación del fenómeno basada en mediciones y no sólo en cuestiones fenomenológicas.
Para Nussio, la Ciudad de México fue un escenario ideal para encontrar la relación entre los lazos comunitarios, la legitimidad del Estado y los linchamientos.
De la solidaridad a la violencia
“En las ciencias sociales muchas veces tenemos un problema, no podemos identificar las causas de las cosas, porque todo se relaciona con todo”, comenta Nussio en entrevista con ejecentral. Agrega que no es fácil saber si a mayor número de lazos comunitarios hay un mayor número de linchamientos, o si “los linchamientos tal vez son eventos que aglutinan y que congregan a las comunidades y generan lazos comunitarios”.
Por esta razón, dice, los científicos sociales “usamos trucos de diseño e investigación” para poder encontrar las relaciones, y un sismo como el que ocurrió el 19 de septiembre de 2017 permite hacer un magnífico truco de investigación, porque los desastres estrechan los lazos comunitarios, la gente se ayuda, conoce a sus vecinos y les muestra simpatía, solidaridad.
“La gente (estaba) impresionada con lo que hicieron los mexicanos ayudándose”, en especial en la Ciudad de México, comenta el investigador de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, quien es de origen suizo, está casado con una colombiana y tiene amigos “chilangos” que le enseñaron a hablar en perfecto español.
Después del citado terremoto, el número de linchamientos creció, en particular en el área central de México, incluida la capital. En cifras del Informe especial de linchamientos en el territorio nacional, publicado en mayo de 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2017 ocurrieron 60 ataques de este tipo, en los que resultaron afectadas 110 personas, mientras que en 2018 la cifra creció a 174 eventos, con 271 víctimas.
Nussio consiguió relacionar estas cifras con la destrucción que ocasionó el terremoto en las distintas comunidades y con una medición de los lazos comunitarios y la percepción de legitimidad del Estado obtenida a partir de un cuestionario. Sus resultados indican que mientras más fuertes y numerosos sean los lazos comunitarios, más linchamientos se pueden producir.
Solidaridad, para bien o para mal
“Cuando las personas colaboran, normalmente colaboran para algún bien, un bien común, que puede ser la seguridad, la provisión de infraestructura, etcétera”, explica Nussio. Sin embargo, cuando la acción colectiva produce violencia y efectos que no son socialmente beneficiosos, como los linchamientos, se puede hablar de “un lado oscuro de los lazos comunitarios”.
Nussio aclara que el término “lado oscuro” es una interpretación suya, “de este lado de la legalidad”; sin embargo, es muy posible que las personas que participan en los linchamientos o que los apoyan “no lo vean como un lado oscuro, sino más bien un lado luminoso; finalmente nos unimos para proveer justicia, para disuadir a los criminales, para castigarlos”.
El problema de la acción colectiva para conseguir un bien común suele ser que la gente no quiere colaborar, “porque muchas veces somos egoístas y no quisiéramos participar cuando otros pueden proveer el bien común”, explica Nussio, y añade que en una acción colectiva violenta “es mayor la barrera para participar, porque hay un riesgo en esa participación”.
Crisis del Estado
La CNDH señala que “en las últimas tres décadas, México ha vivido un proceso de desgaste institucional, que se expresa en la violencia política y social creciente que vivimos cada día” y que las expresiones que esto ha suscitado, como los grupos de autodefensa, los justicieros, y los linchamientos, “hablan de una crisis de la autoridad que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis de Estado”.
Poniendo como ejemplo a San Miguel Topilejo o Milpa Alta, “que son comunidades muy unidas, muy fuertes y se resisten al Estado y a veces usan linchamientos”, Nussio dice: “No creo que la solución sea tratar de alguna manera de romper esas relaciones, más bien es tratar de generar una relación con el Estado mucho más positiva… construir un Estado legítimo desde su punto de vista y en colaboración con ellos”.
Sin embargo, le parece que esta es una recomendación poco útil, porque es un trabajo “muy difícil, que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo”, y desafortunadamente en América Latina prácticamente no hay esfuerzos de este tipo.