Lo ocurrido en la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril ha causado una serie de reacciones en todo el mundo. Asombro, sorpresa, indignación y enojo son algunas de las emociones que produjo la irrupción de militares ecuatorianos en la sede diplomática de nuestro país. Sin embargo, existe un antecedente que tuvo un mayor impacto a nivel global por las consecuencias que dejó, entre ellas la muerte de 38 personas.
Hablamos de la toma y quema de la embajada de España en Guatemala, ocurrida el 31 de enero de 1980.
Policías y militares entraron de forma violenta a la sede diplomática, la cual estaba tomada, de forma pacífica, por un grupo de estudiantes y campesinos de origen maya, el cual denunciaba los abusos y violaciones a los derechos humanos que padecían por parte de las autoridades.
Hay que señalar que, en esos momentos, Guatemala vivía una guerra civil que había iniciado en 1960 y concluiría hasta 1996, es decir, aun 16 años después de la tragedia en la embajada española.
Los uniformados que entraron a la sede aquel 31 de enero asesinaron a 37 personas y quemaron el inmueble. Entre las víctimas figuraron siete funcionarios: Adela Mena Aceituno, María Cristina Melgar, Felipe Sáenz Martínez, Mary Molina de Barillas, Jaime Ruiz del Árbol, Myriam Rodríguez Urrutia y Lucrecia Rivas de Anelu.
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Eduardo Cáceres Lehnhoff, exvicepresidente de Guatemala, y Adolfo Molina Orantes, exministro de Exteriores, fueron otros dos de los personajes que perdieron la vida. Hay que señalar que entre los caídos se encontraba Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, quien en ese momento tenía 21 años.
A pesar del uso de la fuerza, considerada desmedida por la mayoría de quienes se pronunciaron, hubo sobrevivientes al asalto. Máximo Cajal, embajador español y Gregorio Yujá Xoná, uno de los campesinos que se manifestaba, lograron salir con vida.
El diplomático fue el único que pudo escabullirse del lugar, mientras que el hombre guatemalteco resultó gravemente herido, por lo que fue llevado a un hospital, del cual fue sustraído. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue abandonado en las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es decir, si bien la versión oficial y todos los reportes hablan de 37 pérdidas humanas, en realidad fueron 38.
Dicha irrupción en la embajada española provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el país europeo y el centroamericano. Fue cuatro años después, en 1984, cuando se reanudó el vínculo bilateral.
Como parte de la justicia que España se ha dedicado a buscar por este hecho, en 2015 fue condenado a 90 años de prisión Pedro García, líder de la Policía Nacional (PN), una de las corporaciones que irrumpió en la embajada aquel 31 de enero de 1980. GA
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