Es tiempo de mujeres en la política y, por un momento, el pasado jueves, ellas hicieron a un lado sus diferencias por la reforma al Poder Judicial. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aplaudió que Claudia Sheinbaum se convirtiera en la primera presidenta electa de México.
La sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se le entregó la constancia de mayoría a Sheinbaum, reunió a dos de las mujeres más poderosas en la política que, en los últimos días, se han enfrentado por la reforma que pretende que jueces, ministros y magistrados sean electos por el voto popular.
Sheinbaum entró al salón de sesiones del Tribunal Electoral entre aplausos de los asistentes. En primera fila se encontraba Norma Piña, también aplaudiendo y esperando de pie. Se saludaron de mano y beso en la mejilla. Casi un mes antes, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador se había negado a tener un encuentro con la presidenta de la Suprema Corte.
Sí, es tiempo de mujeres: la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum; la presidenta de la SCJN, Norma Piña; la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei… Todas reunidas en la sesión solemne en torno a un hecho inédito: la llegada, por primera vez, de una mujer a la Presidencia de la República.
Y aunque parecía que todas eran una, sólo en los discursos se reflejó, de forma velada, casi imperceptible, la polémica de las últimas semanas.
Sheinbaum se comprometió a respetar la independencia de los poderes y destacó que nadie debe temerle a la democracia, pues, como decía Benito Juárez: “La democracia es el destino de la humanidad; la libertad, su brazo indestructible”.
La magistrada Mónica Soto defendió la autonomía del Poder Judicial, del que forma parte. “Este TEPJF, con su legitimidad, atendió a las y los actores políticos, a los partidos, a la ciudadanía, a las candidaturas, con todos los procedimientos judiciales idóneos que protegieron sus derechos fundamentales; pero también, ante el acecho defendimos su autonomía e independencia de forma contundente, incluso de instancias jurisdiccionales incompetentes, dando una muestra más de que nuestro Estado de derecho prevaleció y este tribunal no se vulneró”, exclamó.
La histórica sesión solemne, a la que asistió toda la plana mayor de Morena, hizo olvidar a algunos el lamentable papel que hicieron las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) al pedir que se declarara la invalidez de la elección presidencial sin presentar pruebas.
En opinión de especialistas, los partidos y la excandidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, perdieron la oportunidad histórica de ofrecer pruebas contundentes para que el TEPJF declarara la intromisión de Andrés Manuel López Obrador o del crimen organizado en las elecciones.
En su impugnación no aportaron fes de hechos, denuncias penales, actuaciones ministeriales, actas de defunción, testimonios, videos propios que acreditaran un ilícito, confesiones, documentos oficiales ni escritos de incidentes electorales como prueba de que se afectó la elección por el actuar del presidente de la República, el crimen organizado, funcionarios públicos o sindicatos.
En entrevista con ejecentral, el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña criticó que las pruebas presentadas fueran únicamente “indicios”.
Entonces, ¿no hay ni una sola prueba de la mano del crimen organizado en la elección presidencial?
Las pruebas que se presentaron son noticias, son links a noticias; digamos, esto nos genera indicios de que efectivamente hubo algunos crímenes en relación con personas que han tenido que ver con elecciones, candidatos, precandidatos, dirigentes de los partidos. No aportaron, por ejemplo, actas de defunción, sólo noticias. No teníamos denuncias ante el Ministerio Público o pruebas recabadas en indagatorias ante el Ministerio Público, sólo noticias. Entonces, nos quedamos con indicios.
Aunque en el Tribunal Electoral se destacó que el presidente López Obrador hizo expresiones “posiblemente irregulares” en 34 mañaneras y que, incluso, se le impusieron 20 medidas cautelares, al declarar la validez de la elección presidencial no se consideró un llamado de atención al mandatario, como sí se hizo en 2006.
¿No alcanzan las pruebas para que el Tribunal haga un llamado al presidente López Obrador por su intervención reiterada, como lo acusa la oposición?
No se trató de juicios de tipo declarativo, tampoco de un juicio de responsabilidades (se interpuso un juicio de nulidad). Lo que se resuelve es si la conducta ilícita puede o no generar la nulidad de la elección.
En 2006 se validaron los comicios presidenciales, pero los magistrados hicieron patente que las declaraciones del entonces presidente de la República, Vicente Fox, pusieron en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el que se declaró ganador al panista Felipe Calderón. “Esta Sala Superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final”, se leyó en el dictamen de validez de los comicios de 2006.
Denuncias desaseadas
Las denuncias de la oposición en contra de la elección presidencial son similares, con los mismos argumentos, e incluso con los mismos enlaces a noticias.
En su impugnación, Xóchitl Gálvez presentó como prueba de la intervención de López Obrador en los comicios, noticias replicadas en varios medios de comunicación. Por ejemplo, presentó 23 veces la misma nota publicada en diferentes medios, que hacía referencia a la declaración de López Obrador sobre un posible “golpe de Estado técnico” en materia electoral, orquestado por el Poder Judicial.
Por la acusación de la intervención indebida de López Obrador, tanto la excandidata presidencial de oposición como los partidos que la respaldaron presentaron 214 vínculos electrónicos de mañaneras y notas.
Sobre la violencia generalizada que afectó la elección presidencial, presentaron 652 links. Sobre la intervención de sindicatos, presentaron 35 enlaces electrónicos. Sobre el uso indebido de los programas sociales, pusieron 83 enlaces. Sobre la compra y coacción del voto, aportaron 72 enlaces.
Pasaron por alto que el TEPJF no hace investigaciones por su parte, como sí lo hacen las fiscalías, y que los magistrados se remiten a analizar las pruebas presentadas por las partes.
La magistrada Claudia Valle dejó claro que los jueces electorales no pueden hacer una investigación propia.
“En los juicios y en los recursos de los que conocemos tenemos la obligación también de abstenernos de adicionar pruebas y de sumar por decisión propia, esto es, por decisión del propio Tribunal, argumentos distintos a los que aporten o expresen las partes. Tampoco podemos considerar cuestiones ajenas al expediente judicial”, dijo en sesión pública del pasado 12 de agosto, en la que se validó la elección presidencial.
“Las personas que no tienen contacto con la labor de un Tribunal válidamente se preguntarán, incluso en ocasiones esperan que podamos hacer una investigación propia de todo el proceso electoral. Decirles a quienes tienen esa percepción que la Constitución y las leyes que rigen la función de este Tribunal Electoral no nos dan tales atribuciones”, agregó.
En dicha sesión se calificaron las pruebas como deficientes, incoherentes, incongruentes, especulativas, insuficientes, meras manifestaciones temerarias…
La magistrada Janine Otálora criticó que el proyecto sobre la validez de la elección desestimara los agravios a Xóchitl Gálvez, al considerar que las pruebas eran insuficientes. Por ejemplo, recordó que la Sala Superior del TEPJF confirmó la indebida participación de López Obrador, por eso se emitieron 20 medidas cautelares y ocho tutelas preventivas.
“No comparto la conclusión de que no se acredita la intervención del Ejecutivo Federal en el proceso electoral, al reducir sus actos a hechos aislados. El contexto de las implicaciones de las conferencias matutinas, el uso de recursos públicos que su realización implica, la agenda que el presidente impulsa a través de este ejercicio y el número de asuntos en los que se acreditó un actuar indebido o se intentó prevenir, son elementos que ponen en evidencia que no estamos ante declaraciones asiladas, sino ante un actuar sistemático”, expresó Otálora Malassis.
